Bukele amordaza El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha ampliado el foco de su proyecto autoritario y, con ello, ha intensificado su reacción a las críticas. De la guerra sin cuartel contra las pandillas, el Gobierno del país centroamericano ha pasado a ofrecer sus servicios como cárcel de máxima seguridad del mundo. El intento de hacer de la política penitenciaria un negocio trae consigo otras prioridades, la primera de ellas reducir al mínimo cualquier tipo de fiscalización. Esto es, desembarazarse de la vigilancia de los organismos defensores de los derechos humanos. Bukele, publicista de formación, no quiere denuncias de abusos para seguir vendiendo a El Salvador como la tierra de los volcanes, el café y el surf. Y de la seguridad.

El mandatario envió la semana pasada una iniciativa al Parlamento, dominado por su partido, que pretende asfixiar a las ONG a través de retenciones del 30% de sus ingresos. La norma, cuya aprobación será un simple trámite, tiene un nombre que es de por sí una declaración de intenciones. La llamada “ley de agentes extranjeros” se inspira en embestidas similares emprendidas por Vladímir Putin en Rusia, Nicolás Maduro en Venezuela o Daniel Ortega en Nicaragua y allana el camino a una persecución de organizaciones civiles y medios independientes, lo que es incompatible con una democracia.

El pretexto para la presentación del proyecto fue una protesta campesina convocada a las puertas de la residencia presidencial. El político populista acusó a las ONG de estar detrás de la movilización y ordenó la intervención de los militares, un hecho sin precedentes desde los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra civil en 1992. Los uniformados reprimieron con violencia a los manifestantes que pedían al Gobierno detener un desalojo.

El éxito de la lucha contra la Mara Salvatrucha 13 y el Barrio 18, las dos pandillas criminales más poderosas de la región, le valieron a Bukele una enorme popularidad. Sus índices de aceptación siguen por encima del 80%. Con estas premisas, el presidente está dispuesto a hacer cada vez menos concesiones a sus críticos.

Envalentonado por el apoyo expreso de Donald Trump, que envió sin pruebas y sin proceso legal a 200 supuestos delincuentes inmigrantes a una megacárcel de seguridad en El Salvador e hizo de ello un espectáculo, Bukele no ite controles de ningún tipo. Sin embargo, el grave deterioro de los derechos humanos y de las libertades que derivó de la guerra contra las maras hace aún más necesario el trabajo de organizaciones independientes en El Salvador. El intento de ponerles coto es una burda escapatoria, propia de los peores regímenes autoritarios. La legitimidad del presidente no pasa solo por un abrumador resultado electoral, que nadie discute, sino por el respeto a las reglas del juego del Estado de derecho que ya ha pisoteado en repetidas ocasiones.