Burocracia y dignidad

Pasado mañana concluye el plazo para que los inmigrantes en situación irregular que viven o trabajan en alguno de los 83 municipios valencianos devastados por la dana puedan acogerse a la regularización extraordinaria que el Consejo de Ministros aprobó en febrero. El Gobierno concederá permisos de residencia y trabajo con una duración de un año a los afectados y sus allegados más directos, que pueden extenderse hasta cinco años en el caso de los familiares extranjeros de víctimas mortales.

Cuando puso en marcha la medida, el Ejecutivo cifró en unas 25.000 las personas que podrían beneficiarse de ella. En abril, la ministra de Migraciones, Elma Saiz, precisó que cerca de 23.000 inmigrantes ya habían solicitado acogerse al proceso, y que el 95% contaba con una resolución favorable. Pero cientos de personas siguen enfrentándose, a pocos días del final del plazo, a un laberinto burocrático para intentar demostrar que también ellos fueron víctimas de la tragedia. Cuando se aprobó la regularización, varias asociaciones vinculadas a la inmigración alertaron del limbo en el que podrían quedar quienes carecen de certificado de empadronamiento. La Oficina de Extranjería de Valencia se ha abierto a aceptar documentos expedidos por los ayuntamientos, los llamados informes de residencia efectiva. Sin embargo, mientras algunos consistorios han optado por una mayor flexibilidad, otros, de forma inexplicable, se están desentendiendo por completo o incluso denegando dicho certificado, como han criticado diferentes ONG.

La dana mostró, frente al discurso xenófobo, que miles de ciudadanos nacidos en el extranjero tienen los mismos problemas y preocupaciones que sus vecinos nacidos en España. Pero también que vivir en situación irregular o trabajar en la economía sumergida conlleva una serie de obstáculos —difícil a la vivienda, racismo, carencia de contrato de trabajo o de cuenta bancaria— ante los cuales la burocracia no puede convertirse en un muro añadido.

Con todas las cautelas que sean necesarias, el Gobierno ha de mostrarse más flexible para facilitar todo lo preciso la regularización de aquellas personas que ahora mismo están atrapadas en la imposibilidad de demostrar istrativamente su propia existencia y su situación vital. Primero, ampliando el plazo para la presentación de documentos, que se ha mostrado claramente insuficiente. Y, segundo, aceptando otros medios válidos de prueba en derecho (como certificados médicos o escolares, denuncias interpuestas, la declaración de testigos e incluso fotos y vídeos personales) que acrediten esa situación.

Lo contrario abocará a estos ciudadanos a seguir presos de una anormalidad que vulnera su dignidad como personas y sus derechos, justo lo que se supone que el Gobierno pretendía resolver con la regularización extraordinaria. Son las istraciones y sus regulaciones las que deben ajustarse a la realidad de los ciudadanos y no al revés. Si es así en condiciones normales, mucho más después de una catástrofe que ha causado más de 220 muertos.