Un juez investiga la supuesta ‘unidad 70’ de Quirón tras una querella por presunta estafa en el cobro a Madrid por pacientes de urgencias

Seis cargos del gigante sanitario Quirón están convocados a declarar este martes como testigos en el juzgado número 52 de plaza de Castilla de Madrid, que instruye las diligencias previas originadas por una querella por presunta estafa centrada en la supuesta existencia de un sistema de facturación diseñado para inflar los pagos que debe hacer la Comunidad de Madrid al buque insignia de la empresa, la Fundación Jiménez Díaz (UTE-FJD).

Desde principios del siglo XXI, este centro de gestión privada es el hospital de referencia de medio millón de madrileños. Según la querella, a la que ha accedido EL PAÍS, la istración regional habría pagado “a un precio 30 veces superior a lo que realmente corresponde” el tratamiento a cientos de pacientes, facturados supuestamente como si hubieran estado en planta (más caro), cuando estaban en urgencias (más barato). Para ello, según el querellante, se habría registrado en una inexistente unidad 70 a hasta 447 pacientes entre 2017 y 2024, con un presunto sobrecoste pagado por el erario público de casi dos millones de euros.

La compañía niega la acusación, apunta que se basa en información falsa, y asegura que así lo confirma una auditoría externa. Consultado sobre el caso, un portavoz de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se ha remitido a Quirón. Quirón, por su parte, asegura que el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) no se ha incorporado a la causa como perjudicado, pese a que así se lo ofreció el juez.

El querellante es un extrabajador aún pendiente de juicio por su despido, que habría descubierto la información del caso mientras era asalariado de la empresa, y contra el que, a su vez, se ha querellado la compañía al entender que ha infringido la normativa por usar datos de pacientes para armar su querella.

La relación entre la Comunidad de Madrid y Quirón es objeto de una triple polémica. De un lado, por ser ejemplo paradigmático de la colaboración público-privada en sanidad a través de la Fundación Jiménez Díaz de la capital, el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, el Infanta Elena de Valdemoro y el Hospital General de Villalba.

Del otro, porque el conglomerado recibe cientos de millones del Gobierno de Madrid a través de Quirónsalud, y ha sido, a través de Quirónprevención, el principal cliente de la empresa del novio de la presidenta regional, Alberto González Amador, investigado judicialmente por sus negocios durante la pandemia, lo que ha puesto bajo los focos su relación con uno de los directivos del grupo.

Y, finalmente, porque la opacidad de un sistema en el que los pagos por la prestación de servicios en hospitales públicos de gestión privada tardan años en producirse, y son sujeto de constantes pleitos istrativos y judiciales, provoca las quejas de la oposición sobre la dificultad para obtener datos de gasto e inversión por parte de la Comunidad de Madrid.

Lo que es seguro es que la deuda de Madrid con Fresenius, propietario desde 2017 de la red de centros sanitarios Quirón en España, se ha reducido a toda velocidad desde que Ayuso llegó al poder: de los 1.004 millones con los que se cerró 2019 a los 455 con los que acabó 2024, su nivel más bajo desde que la compañía española forma parte de la alemana (2017).

La última polémica protagonizada por las dos partes atañe a esta querella por presunta estafa, que llevará a declarar este martes como testigos a la directora de istración de la FJD; a la directora de control de gestión y auditoría interna; al director de sistemas de información; al director territorial de sistemas; a la coordinadora de isión; a la directora; y a la adjunta a la Dirección de Enfermería.

“Los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito/s de estafa”, se lee en el auto de isión a trámite de la querella, de febrero, en el que se encargan diligencias al no estar “determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido”.

Entre esas diligencias, se reclama a la FJD “que aporte todos los registros de la aplicación informática de registro de actividades (llamada IMDH) en las camas de hospitalización referidas a la Unidad de hospitalización 70 desde el año 2018″, además del “backup o copia de seguridad de la aplicación informática de historia clínica (llamada Casiopea), donde aparece el módulo de hospitalización “UNIDAD 70”. Según el querellante, esa unidad no existe.

Precio 30 veces superior

“Esta información fue descubierta al preparar un informe-resumen de gestión de camas ocupadas y libres del hospital”, se lee en la querella, dirigida contra la UTE-FJD, IDCQ, la FJD, y dos directivos (el gerente del hospital y el gerente de la UTE-FJD). “La FJD-UTE ideó un sistema para poder facturar episodios de Urgencias como Hospitalización de forma fraudulenta”, se asegura. “Se creó una unidad de hospitalización ficticia, la UNIDAD 70. En esta unidad, que no tiene camas reales porque no existe, se crearon en la aplicación informática de registro de actividad camas también ficticias para poder registrar falsos ingresos de hospitalización”, se añade.

“De acuerdo con los datos disponibles, este sistema funciona al menos desde 2018 hasta la actualidad”, sigue. “El paciente realmente no se va a mover del box en el que está en Urgencias, pero informáticamente ya no estará en Urgencias”, apunta. Y denuncia: “Con este sistema se consigue engañar al Sermas, que acabará pagando episodios de Urgencias como Hospitalización, a un precio 30 veces superior a lo que realmente corresponde”.

Toda la actividad de la FJD es auditada por el Sermas antes de proceder al pago. Si el servicio madrileño no se ha personado, como transmite Quirón, es porque no ha detectado nada de lo denunciado. Sin embargo, el querellante ofrece una explicación para que ninguna alarma haya saltado hasta ahora: sostiene que la auditoría del Sermas consiste “básicamente” en la comprobación de que existe un informe clínico de alta de cada episodio facturado, sin que en ellos, afirma, se aclare que el paciente nunca salió del box de Urgencias.

¿Tiene algo que contar? Escriba a [email protected]