Mazón no declaró la emergencia catastrófica en la dana porque “nadie lo planteó”, aunque dependía de él

El presidente valenciano, Carlos Mazón, del PP, no declaró la emergencia catastrófica por la dana, como le faculta la ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Generalitat, y por tanto no asumió el mando único. Lo señala la jueza de Catarroja que instruye la causa por la muerte de 227 personas en las inundaciones del 29 de octubre en la provincia de Valencia en un auto notificado el pasado lunes. ¿El presidente evitó esa declaración para protegerse judicialmente de una eventual imputación como mando único? “Evidentemente no”, ha respondido este martes la vicepresidenta, Susana Camarero, tras el pleno del Consell y a cuatro días de que declaren como imputados la que fuera consejera de Interior y responsable de emergencias, Salomé Pradas, y su entonces número dos, Emilio Argüeso, ambos destituidos por Mazón. La Generalitat pidió este lunes personarse en la causa.

La también portavoz ha argumentado que “nadie” en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) “planteó en ningún momento que se declarara” el máximo nivel de emergencia según la legislación autonómica, a pesar de que se trata de una de la mayores catástrofes de la historia de la Comunidad Valenciana. “Con el nivel de información que había el día 29 [de octubre] los propios técnicos decretaron el nivel de emergencia que consideraron oportuno y en ningún caso se planteó que se diese ese nivel”, ha expuesto, al tiempo que ha recalcado que “nunca estuvo sobre la mesa”.

Tampoco se declaró al día siguiente, cuando ya no se podía esgrimir ninguna duda de la magnitud de la riada, porque “nadie lo planteó”, ha insistido Camarero. En su auto, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra recuerda que “la declaración de situación de emergencia catastrófica corresponde al President”, solo es facultad de él, según indica la ley. Mazón afirmó que llegó al Cecopi a las 20.28 del 29 de octubre, 17 minutos después de que la Generalitat enviara el mensaje de alarma a la ciudadanía “tardío y errado”, según la jueza, uno de los motivos de que citara como investigados a los dos ex altos cargos.

Camarero ha reiterado la negativa del presidente a declarar voluntariamente como imputado, como le ha ofrecido la jueza, dado que es aforado. Y ha sostenido que la Generalitat “siempre” se persona en este tipo de procedimientos judiciales para “defender los intereses de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana” y ha puesto el ejemplo de la personación en el procedimiento abreviado contra Francisco Puig -hermano del expresidente socialista de la Generalitat Ximo Puig- y Juan Enrique Adell, es de Comunicacions dels Ports SA y Canal Maestrat SL, respectivamente, imputados por presuntas irregularidades en la concesión de ayudas al valenciano.

Además, la portavoz ha señalado que no se ha hecho antes de esta semana, cuando declaran este viernes Pradas y Argüeso, porque se ha seguido “el criterio” de la Abogacía de la Generalitat. Y preguntada por si recientemente ha conversado con la exconsejera imputada, para “transmitirle su apoyo”, próximo viernes ante la jueza de la dana, ha asegurado que no ha “hablado con ella en los últimos días”.

Fuentes de Presidencia apuntan que el motivo de pedir personarse en la causa es para “participar en el proceso judicial y estar presente desde el primer momento” con el fin de “garantizar la defensa de los intereses de los valencianos” y también porque, al haber dos ex altos cargos investigados, llegado el caso, “podrían derivarse responsabilidades de tipo civil”, según recoge Europa Press.

Si la jueza ite la personación de la Generalitat, esta tendría a todo el sumario y a las distintas actuaciones y podría también solicitar actuaciones a la magistrada en beneficio de su relato de los hechos, como otras acusaciones que incluye a asociaciones de víctimas y de familiares, particulares afectados, partidos políticos (Podemos, PSPV-PSOE o Ciudadanos) o entidades (Acció Cultural del País Valencià, entre otras). Las acusaciones personadas deberán ser consultadas y podrán alegar sobre la conveniencia de la intención de la Generalitat. Uno de los abogados del proceso sostiene que lo más común es que una institución con posible responsabilidad civil en los hechos se persone en el momento del juicio y no durante la instrucción, sobre todo cuando hasta ahora solo hay dos personas imputadas que formaban parte de su gobierno.

Medición de los caudales

Por otra parte, la jueza de instrucción de Catarroja ha pedido información a la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre los puntos de control del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) instalados en la cuenca del Júcar, las ramblas de Poyo-Pozalet-Saleta, la cuenca del Turia o el barranco de Picassent.

En una providencia dictada ayer y notificada este martes, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja accede así a una solicitud formulada por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil.

Los Sistemas Automáticos de Información Hidrológica (SAIH) son una “herramienta” clave, según recoge la web del Ministerio de Transición Ecológica, “tanto para la gestión de recursos hídricos como para la previsión y control de avenidas en coordinación con los organismos de protección civil de las diferentes Comunidades Autónomas y del Estado”. Este sistema proporciona información relativa a los niveles y caudales circulantes de los principales ríos y sus afluentes, así como precipitación en varios puntos.

La jueza solicita concretamente información sobre los sistemas instalados en el aforo de Requena, embalse de Forata, aforos de Macastre y Guadasuar (cuenca del Júcar); aforo de Ribarroja (rambla del Poyo) y embalses de Loriguilla, Buseo, aforo de Bugarra, Pedralba, Vilamarxant y azud de Manises (cuenca del Túria).