Barcelona construye casi 400 pisos de protección oficial con sistemas industrializados

Barcelona está inmersa en una ambiciosa apuesta por aumentar su parque de viviendas públicas de alquiler. Tras los años de frenesí inmobiliario, el estallido de la burbuja y la larga resaca en forma de crisis, la ciudad tenía prácticamente parada la máquina de producción de pisos de protección, y durante el primer mandato de la exalcaldesa Ada Colau decidió arrancarla. La emergencia habitacional y la necesidad de construir rápido llevó al Ayuntamiento a apostar por la producción industrializada de vivienda: parte de los edificios se construye en naves (fachadas, baños y techos, por citar algunos elementos) y se traslada y monta en la ubicación definitiva. Resultado: plazos más cortos, y una producción más sostenible.

El primer concurso del Instituto Municipal de la Vivienda y la Rehabilitación (IMHAB, en sus siglas en catalán) se lanzó en 2019 para construir cuatro edificios, de los que tres tienen la madera como material principal. Ya están habitados y suman 151 pisos de alquiler social; siguieron otros cinco proyectos que sumarán 230 más, de los que 107 se entregarán en breve. En total, 381 viviendas públicas producidas con sistemas industriales. La capital catalana no es pionera en construcción industrializada de vivienda protegida; antes ha habido experiencias en el País Vasco. Pero sí es la ciudad que más está produciendo este tipo de casas con sistemas industrializados. El pasado 24 de abril, el presidente Pedro Sánchez anunció una inversión de 1.300 millones de euros para el nuevo PERTE de vivienda, que tiene entre sus objetivos construir 15.000 pisos al año con sistemas industrializados.

Los métodos prefabricados permiten automatizar procesos de diseño y producción y, al trabajar más en las fábricas que en la obra, se gana en eficiencia, seguridad laboral, trazabilidad y control de los materiales, molestias como ruido y polvo en medio de la ciudad, y reducción de emisiones y plazos. El consistorio barcelonés asegura que las emisiones de CO2 en la construcción bajan un 30%, lo que equivale a las emisiones de los habitantes de estos edificios en cinco décadas. Los plazos pasan de un mínimo de dos años de obra, a un año y medio o incluso menos.

En los tres bloques ya habitados se emplearon es prefabricados de madera laminada cruzada (maciza, llamada CLT) que se usa en forjados, muros, vigas o escalones. En el cuarto edificio, la producción industrializada consistió en construir en la fábrica 104 módulos tridimensionales acondicionados y equipados con el mobiliario de cocina y baño, ventanas, parte de las instalaciones y elementos como interruptores o puertas y cerraduras.

En el flamante edificio de la calle de Lola Iturbe, en el barrio de La Verneda (distrito de Sant Martí), de 40 apartamentos, se instaló Klaudija Ures hace muy pocas semanas. Ures trabaja como educadora social y se mudó con sus gemelos de ocho años en febrero pasado. “Desde el primer minuto la estoy disfrutando mucho, enseguida me sentí como en casa y no aprecio diferencia respecto a un edificio construido de forma tradicional: no sabría decir cuáles son los elementos que se han construido en una fábrica”, ite. Sí tiene claro qué cosas le gustan: “El edificio es súper acogedor: la luz, la madera de la entrada y de otros espacios, la cubierta vegetal con el huerto, el buen diseño de las fachadas con los balcones”. “Cuando me apunté para el sorteo estaban adjudicando dos edificios, y con este tuve un buen presentimiento”, ite. Cuando se comenzó a construir, era el más alto de España hecho en madera: ocho plantas. Paga 600 euros mensuales con un descuento por su condición de madre monomarental.

Tres años y medio de proceso

La teniente de alcalde que engloba el área de vivienda, Laia Bonet, defiende la construcción industrializada “como gran aliada para doblar la producción de vivienda anual de 500 a 1.000 pisos en un contexto de emergencia habitacional”, por la reducción de los plazos. El director de los servicios técnicos del IMAHB, Juan Carlos Melero, explica que la empresa municipal, el antiguo Patronato de la Vivienda, “entró en el mundo de la industrialización no como objetivo, sino para poder producir más rápido ante la emergencia habitacional”.

Melero detalla una cuestión técnica sobre la contratación pública que fue clave para lograrlo. Y es que la ley de contratos del sector público obliga a un largo trámite para la construcción: concurso para la redacción del proyecto a un despacho de arquitectura, para el proyecto básico, el ejecutivo y la construcción. “La ley obliga a hacer la máxima concurrencia, para que participen varios operadores, cuando en la construcción industrializada los arquitectos deben trabajar de la mano del industrial”, relata y apunta la solución que encontraron: “Cambiar la gestión, la contratación pública: sacar concursos conjuntos de proyecto y obra para casos excepcionales, a los que se presentaban conjuntamente los arquitectos y las empresas constructoras”. En la concurrencia, precisa, “las cuestiones que más puntuación otorgaban eran la calidad arquitectónica, seguida de la reducción del plazo de ejecución y la construcción con materiales de poco impacto ambiental”. El resultado fue que en tres años y medio se pasó de tener solares vacíos a vecinos en los edificios construidos.

La apuesta por la madera, cada vez más extendida en la construcción de vivienda, se entiende por la eficiencia del material. Así lo explica el director de los servicios técnicos de la empresa pública: “Mientras la madera capta CO2, para fabricar hormigón es necesario fabricar cemento quemando a 1.200 grados de temperatura”.

El edificio donde vive Klaudija Ures fue diseñado por los arquitectos Vicente Guallart y Daniel Ibáñez y construido por ACSA (Grupo Soriguer). Guallart recuerda el concurso, pasada la pandemia, “cuando Barcelona había declarado la Emergencia Climática, que se sumaba a la emergencia habitacional”. “Apostar por la construcción industrializada, más rápida y sostenible tenía todo el sentido, porque sumaba para resolver dos emergencias”. El edificio se presentó como Terrazas para la vida por los amplios balcones-terraza que tiene, el patio central, la cubierta verde y el invernadero en la azotea, pensado para producir alimentos. Estrenado este mismo año, el invernadero todavía no produce, pero la idea es ponerlo en marcha e integrar a los vecinos en su gestión.

Debido a la normativa de contratación, por ahora la construcción industrializada solo representa un 10% de lo que se está levantando en Barcelona. “Sería mayoritario si la ley de contratos del sector público se adecua a las necesidades de la istración”, insiste Melero desde la empresa municipal de vivienda y apunta que es una de las cuestiones de las que se habló en la reciente feria Rebuild sobre edificación, en abril, en el recinto IFEMA de Madrid. Fue donde Sánchez anunció el nueve PERTE.

El precedente: contenedores marítimos

El precedente de la producción industrializada de vivienda pública en Barcelona fueron los dos edificios APROP (Alojamientos Provisionales de Proximidad). Formalmente, no son viviendas, son alojamientos temporales, porque no cumplen con estándares como las medidas mínimas que se exigen a las viviendas: están construidos con contenedores marítimos que llegan de fábrica con parte del equipamiento y se montan in situ, sobre suelo municipal. En la ciudad hay dos: uno pequeño en el barrio Gòtic, de 12 alojamientos, y otro más grande en la plaza de les Glòries, con 42 alojamientos.