La crónica | Todo para el Parlamento pero sin el Parlamento

La dirigencia del PP mascullaba en los pasillos del Congreso el jueves pasado, recién concluido el pleno semanal: “El PSOE ha votado en contra de cumplir la Constitución y traer unos Presupuestos… ¡Y aquí no pasa nada!”. Efectivamente, la Cámara acababa de aprobar, con la oposición gubernamental, un punto de una moción de los populares que urgía al Ejecutivo a “cumplir el mandato constitucional” y presentar unas cuentas en el Parlamento. Y efectivamente, el asunto pasó sin pena ni gloria por el hemiciclo y por los medios de comunicación.

No solo el PSOE y Sumar, también las formaciones nacionalistas vascas votaron en contra. Quienes sí se sumaron a la reclamación del PP ―sin ninguna fuerza legal― fueron socios habituales del Gobierno como ERC, Podemos, BNG y Coalición Canaria (CC). Ninguno hizo mucho ruido con el asunto. En el debate, el republicano Jordi Salvador dedicó más descalificaciones al grupo autor de la iniciativa que estaba apoyando que al Gobierno contra el que estaba dirigida. Junts, por boca de Josep Maria Cruset, lanzó una diatriba que bien podría haber suscrito cualquier diputado popular, apelando incluso a la Constitución. Pero, a la hora de votar, su grupo eligió esa forma de desentenderse que es la abstención.

Siempre conciliadora, Cristina Valido, de CC, emplazaba al Ejecutivo con otro argumento: “Traigan los Presupuestos y que cada uno se retrate”. Entre los que exigían las cuentas al Ejecutivo, había varios que seguramente contribuirían a tumbarlas: el PP, sin ninguna duda; ERC, con mucha probabilidad, a tenor de lo anticipado desde hace semanas por fuentes de alto rango de su dirección, y tal vez Podemos, dada la envergadura de sus condiciones (ruptura de relaciones diplomáticas con Israel e imposición por decreto de una rebaja del 40% en los alquileres). Lo cierto es que el Gobierno no tiene mucho interés en retratar a nadie con este asunto. Más bien teme que el retratado sea él, con una derrota en una cuestión capital que daría munición al permanente debate sobre la viabilidad de la legislatura.

Una de las múltiples acusaciones repetidas en el fragoroso eco cotidiano contra Pedro Sánchez es que gobierna supuestamente ignorando al Parlamento. Un reproche acrecentado tras sus palabras del pasado septiembre ante el comité federal del PSOE ―luego matizadas― en las que proclamó que la legislatura seguiría adelante “con o sin apoyo del poder legislativo”. Ante la enrevesada aritmética de la Cámara, el Gobierno hace todo lo posible por esquivar cuestiones susceptibles de depararle reveses. Pero gobernar sin el Parlamento resulta imposible. Y en última instancia, el Congreso dispone de números de sobra para derribar el Ejecutivo si se lo propusiera.

Aunque Sánchez recurre a menudo a la figura del decreto, más que ningún otro Gobierno anterior, cada uno de ellos ha de pasar por la Cámara baja transcurrido un mes. El Gabinete logra convalidarlos casi todos, salvo casos como el del último decreto ómnibus. Mal que bien, va encontrando una mayoría de grupos que los apoyan. El último, el de las medidas para compensar los efectos de los aranceles estadounidenses, que el pasado jueves volvió a reunir en su favor a la mayoría que invistió a Sánchez contra el ‘no a todo’ de PP y Vox.

El incremento del gasto militar en 10.471 millones de euros, como la renuncia presupuestaria, sí que ejemplifica esa voluntad de seguir adelante “con o sin el legislativo”. También evidencia los contrasentidos de la política española: quienes apoyan a Sánchez ―incluidos los ministros de Sumar― se oponen al gasto militar, y quienes apoyan el gasto militar se oponen a Sánchez. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se lo reiteró durante la oceánica comparecencia parlamentaria del presidente ―casi siete horas, de las que Sánchez consumió tres―, el pasado miércoles: “¿Quiere que le apoye esta Cámara cuando no le apoyan sus ministros?”.

Así que el socialista hará con la política de rearme lo mismo que con los Presupuestos: tirar para adelante sin arriesgarse a una derrota parlamentaria. Algunos de sus aliados por la izquierda, los más críticos en este punto, tampoco se lo reprocharon demasiado. Gabriel Rufián, de ERC ―que tiene sus propios debates internos sobre la cuestión― pasó un tanto de puntillas por el gasto militar y se centró en la suspendida compra de balas a Israel. Más contundente, Mertxe Aizpurua, de EH Bildu, lo tachó de “error mayúsculo” y puso en duda que no afecte al gasto social como asegura el presidente. Pero en ningún momento comprometió su alianza con el Gobierno. La más dura ―feroz, incluso― fue Ione Belarra, de Podemos. Sánchez, sedoso con el resto de aliados, le replicó con aspereza.

“Malmenorismo” es un término empleado con frecuencia por Rufián y por Podemos cuando critican al Gobierno. La teoría del mal menor para explicar las circunstancias políticas que propician la mala salud de hierro del Gabinete Sánchez. Por mucha que sea su fragilidad parlamentaria y por mucho que pueda disgustar en determinados momentos a sus aliados, al final acaba prevaleciendo la argamasa del rechazo a lo que está enfrente.

Los padres de la Constitución, obsesionados por la estabilidad, impusieron que las mociones de censura han de ser siempre constructivas. Sánchez llegó al poder con la única que logró prosperar en 47 años. La imposibilidad de armar otra igual contra él le brinda un salvavidas por ahora infalible. Y hasta le permite dejar de lado al Parlamento en decisiones de gran trascendencia. Y sin que pase nada.