CSIF exigirá una ley para revalorizar automáticamente el sueldo de los empleados públicos con el IPC

El sindicato de funcionarios CSIF se ha puesto en o con los Grupos Parlamentarios para reclamarles una proposición de ley para que los sueldos de los más de tres millones de empleados públicos que existen en España suban cada año, de manera automática, lo mismo que se incremente el IPC, al igual que ya ocurre con la revalorización de las pensiones.

Así lo ha anunciado este lunes el responsable del sector de la istración General del Estado del CSIF, Carlos Martínez Navarrete, quien ha indicado que está a la espera de que los partidos recojan este guante para empezar a negociar. De momento, ha precisado que esta norma no evitaría la reclamación que hace este sindicato para seguir subiendo los sueldos de los trabajadores del sector público por encima del IPC para recuperar la pérdida de poder adquisitivo del 22%, según los cálculos de este sindicato, que arrastran estos empleados desde los recortes presupuestarios de 2010.

Junto a esta reclamación, CSIF exigirá también que, en el marco de la reforma de la istración, que ha planteado el Ministerio de Función Pública a los sindicatos del sector, se adopte la equiparación salarial entre istraciones. Según ha denunciado esta central de funcionarios, los empleados de la istración estatal cobran de media un 33% menos que sus colegas de las comunidades autónomas o los ayuntamientos.

Asimismo, el sindicato sigue a la espera de que el Gobierno decrete el cobro del 0,5% del salario correspondiente a todo 2024, que aún está pendiente de abonar y también sus responsables han urgido a empezar a negociar, junto al resto de sindicatos de la función pública y con el Ejecutivo, un nuevo acuerdo salarial plurianual, que determine los nuevos incrementos salariales desde 2025, año en el que los empleados públicos aún no han recibido ninguna subida de sueldo.

Además de estas exigencias salariales, la otra gran reivindicación planteada este lunes por los responsables de CSIF en la istración General del Estado (AGE), afecta a sus exigencias de creación de empleo público. Según ha itido Martínez Navarrete, el Gobierno ha reconocido al sindicato que harían falta más de 20.000 puestos en las plantillas estatales para la prestación adecuada de los servicios.

En concreto, estas cifras de déficit de empleo público que CSIF indica que les ha trasladado Función Pública, se correspondería con una pérdida neta de 20.046 puestos de trabajo en en los últimos 10 años dentro de la istración estatal. La causa principal de esta pérdida es la persistencia de límites a la tasa de reposición adoptados tras la crisis financiera y que aún se mantiene total o en parte en numerosos servicios públicos. El Gobierno prometió eliminar dichos límites en los Presupuestos de 2025 y ahora argumentan que al no haber presupuestos, la reposición de las bajas por jubilación sigue limitada. En el CSIF niegan que sea necesario acometer esta eliminación a través de las cuentas públicas.

Dentro de la istración estatal, se están viendo especialmente afectados por esta situación de no reposición de efectivos, organismos como la Seguridad Social, el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) o la Agencia Tributaria. “No somos atractivos, nadie quiere venir a estos organismos, por la cualificación del trabajo y su menor sueldo respecto a quienes hacen labores similares en las comunidades”, resumen los responsables de Seguridad Social y el SEPE del CSIF.

Así el sindicato calcula que solo en el SEPE el 45% de las oficinas están infradotadas de personal, lo que se une a “gravísimas carencias informáticas que pueden llevar al colapso en la gestión de la prestación por desempleo”, advierten sus representantes sindicales.

Próxima oferta de empleo

Ante esta situación, desde CSIF han empezado ya a negociar con Función Pública las necesidades de personal para elaborar la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2025, que el Gobierno aprobará previsiblemente, como es habitual en el mes de julio. Aún no se conocen las cifras que se ofertarán para 2025, pero los responsables del CSIF aseguran que la intención del Ejecutivo es seguir en la línea de las ofertas históricas de los últimos dos años (que se situaron en el entorno de los 40.000, incluyendo los puestos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que supusieron una buena parte de dicha oferta).

De hecho, según estas mismas cifras facilitadas por Función Pública a CSIF y que se recogerán en la próxima estadística de personal al servicio de las istraciones públicas, 2024 fue el año, desde que en 2014 —primer ejercicio en el que se creó empleo privado tras la crisis financiera—, en el que el Estado registró más creación empleo neto (con una ganancia de unos 9.000 puestos).

La reforma que viene en el Estado

Junto a todo esto, los dirigentes del CSIF han informado también este lunes de la reforma estructural que les ha planteado Función Pública y que consiste fundamentalmente en evaluar y recalificar todos los puestos de esta istración (a la que pertenecen más de medio millón de empleados, de los cuales más de la mitad son de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado).

Según han explicado, entre 2025 y principios de 2026, los responsables del Ministerio de Función Pública realizarán la evaluación de todos estos puestos y se establecerá un sistema de “áreas funcionales”, en el que se distribuirán los empleados estatales, independientemente del organismo al que pertenezcan. Una vez se haya hecho esta clasificación, el Gobierno establecerá las necesidades de formación de cada una de estas áreas, sus condiciones de y las condiciones económicas de cada puesto. De esta forma, pretenden dos cosas, permitir una carrera profesional más transversal entre organismos y, según ha reclamado CSIF, avanzar en la equiparación salarial no solo dentro de la AGE sino también entre las distintas istraciones.