La presidencia de Ricardo Roa en Ecopetrol se tambalea

La presidencia de Ricardo Roa Barragán en Ecopetrol se tambalea. La situación coincide con la divulgación de una información sobre una auditoría interna de la compañía. Una suerte de peritaje contratado con la firma americana Covington & Burling LLP para evaluar el posible daño reputacional causado por el gerente sobre la mayor empresa de Colombia. ¿El motivo? Las salpicaduras dejadas por las investigaciones disciplinarias y judiciales por posibles delitos de Roa en su gerencia de la campaña presidencial de Gustavo Petro. El Tiempo reveló la historia el fin de semana. Al parecer, la decisión de avanzar con la investigación se saltó la aprobación de los de la junta directiva y fue avalada en solitario por un ejecutivo a cargo de labores de supervisión y control.

El costo de esta auditoría asciende a 5.875.000 de dólares, que multiplica la tarifa de 800.000 dólares pagada por un primer reporte, encargado, esta vez sí, por la junta directiva a la consultora británica Control Risks a principios de 2024. ¿Cómo se sustenta un incremento tan pronunciado? De momento ha trascendido que Mónica de Greiff, parte de la junta hasta ahora, presentó su renuncia en la tarde del miércoles. La exministra de Justicia fue propuesta para el cargo por el presidente Petro en octubre de 2022. La abogada, que mantuvo cierta cordura dentro de las trincheras del conflicto interno, se convierte en la primera cabeza que rueda en un largo enfrentamiento cuyo germen son las reticencias que generó la designación de Roa como gerente de la tercera petrolera de la región en abril de 2023.

El ingeniero, experto en asuntos eléctricos y no petroleros, al parecer, nunca fue avisado de la segunda investigación interna en su contra. Según una persona con directo a la junta directiva, hace unas tres semanas Roa llegó enardecido a una reunión de ese órgano porque, dentro del proceso de auditoría, le fue confiscado su teléfono celular corporativo. El presidente contó, además, que la línea móvil y los correos de unos 70 empleados de la compañía habían sido intervenidos dentro del procedimiento de perfilamiento ejecutado por los estadounidenses.

Uno de los nombres clave en esta historia es el de Alberto Vergara, director corporativo de cumplimiento de la compañía, y quien llegó al cargo con antecedentes de acoso y maltrato laboral en la petrolera. Vergara fue, al parecer, quien dio luz verde al anexo del millonario contrato con Covington & Burling LLP para extender el proceso de peritaje contra Roa. Lo hizo el 26 de diciembre pasado, según un memorando interno de la compañía divulgado por Caracol Radio. “Jamás le di la instrucción a Vergara para esta labor. Yo mismo fui víctima de ese procedimiento. No ordené esas interceptaciones. Informé a la junta directiva del mismo”, argumentó el miércoles el presidente.

El papel de Vergara le ha dado una singular vuelta de tuerca a esta historia: hoy el foco de los medios ya no solo se centra en el presidente, sino en el papel de la junta directiva, en la que la mayoría de los son definidos por el Gobierno, como propietario del 88,49% de las acciones. Así, el órgano que quiso blindarse de demandas futuras y otros entuertos ahora resulta involucrado. Ni siquiera algunos de sus o ex se explican con exactitud cómo se tomó la decisión para darle vía libre al abultado contrato en cuestión. Fuentes cercanas a Ecopetrol señalan que, de momento, la empresa habría desembolsado un millón y medio de dólares al bufete de abogados con sede en Nueva York.

Una de las líneas de investigación que más ha inquietado a las dos firmas auditoras anglosajonas involucradas en las pesquisas internas es la compra de un lujoso apartamento en el norte de Bogotá. Roa Barragán pagó 1.800 millones de pesos, unos 400.000 dólares, por el inmueble, que según los denunciantes tendría un valor comercial sustancialmente superior. El traspaso se realizó a través de una sociedad radicada en las Islas Vírgenes Británicas, reconocido paraíso fiscal. Para completar, los demás artífices de la operación fueron Serafino Iacono, magnate de los hidrocarburos con vínculos comerciales en Ecopetrol, y un coronel de la policía colombiana.

Más allá de las sospechas en esta operación inmobiliaria, la Procuraduría solicitó el miércoles por la tarde al Consejo Nacional Electoral (CNE) sancionar a Roa Barragán por su gestión como gerente de la campaña presidencial del actual mandatario. El análisis del Ministerio Público concluye que la candidatura de izquierdas violó en 2022 los topes de financiación y ocultó gastos en los reportes al CNE. Detalló que los gastos registrados para la primera vuelta presidencial ascendieron a 28.690 millones de pesos, unos 154 millones por encima del límite, establecido en 28.537 millones para esa campaña.

La Fiscalía, por su parte, ha abierto una investigación contra Roa, ingeniero mecánico de 63 años. La demanda fue interpuesta por la empresa aérea Helicol por presunto amaño de contratos desde Ecopetrol para favorecer al operador de helicópteros Helistar. La acción judicial se apoya en supuestas maniobras de la petrolera para acomodar los requisitos técnicos en la licitación de sus servicios de transporte aéreo. Un entramado que, aduce la defensa del demandante, viene desde 2011 con un esquema de pliegos de sastre que limitan la libre competencia.

Un cúmulo de sombras que ha desembocado en tensión al interior de Ecopetrol. Además, estalla en una de las coyunturas operativas más delicadas de los últimos tiempos. El precio del barril de crudo ha navegado los últimos meses por debajo de los 70 dólares por unidad. Un promedio que no beneficia el negocio de la empresa del logo de la iguana. De hecho, sus utilidades se desplomaron un 22,1% interanual en el primer trimestre. El divorcio entre el gerente y la junta directiva parece indisoluble y el país aguarda al comportamiento de las acciones en bolsa. También al futuro de Roa Barragán al frente de una compañía histórica para los colombianos.