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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Crecer donde el trabajo no da para vivir

Es urgente una respuesta integral a la pobreza laboral que afecta a los menores

Colas del hambre en Madrid.
El País

Una de cada seis familias españolas con hijos y en la que al menos un progenitor trabaja vive en la pobreza. Esa cifra se eleva a una de cada tres si son familias numerosas o solo hay un adulto al frente de la casa. Son datos de un informe de Save the Children publicado esta semana que vuelve a alertar sobre un problema que se ha vuelto crónico: en España tener un puesto de trabajo no es garantía de estabilidad o desahogo. Ni siquiera de llegar a fin de mes. Y lo que es más preocupante, estos números se dan en una época de bonanza económica y récord de empleo.

Save the Children —como habían acreditado anteriormente los informes de la Comisión Europea— pone el foco en el hecho de que la pobreza laboral, cuya tasa ronda el 15% para el conjunto de la población, afecta especialmente a los hogares con niños. Y se da más en personas con bajo nivel de formación y que trabajan como autónomas o a tiempo parcial, perfiles en los que encajan más mujeres que hombres y más los inmigrantes que los nacidos en España.

Nada de esto es una novedad: en los últimos años se han publicado informes similares con datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE). Factores como el alza del salario mínimo o las ayudas derivadas de la pandemia, que han podido contribuir a reducir las cifras, han quedado eclipsados por la inflación y la explosión en los precios de la vivienda. Según el informe, el umbral de pobreza mensual en 2023 para dos personas adultas y dos menores era de 2.027 euros y para las familias monoparentales, de 965 euros. El SMI actualmente se sitúa en 1.184 euros. El porcentaje de población en riesgo de pobreza y exclusión, y en particular de población infantil, es el más elevado de la UE. En 2023, el INE calculó que un 29% de los menores de 18 años se encontraba en riesgo de pobreza. Son datos inaceptables.

La persistencia de la pobreza laboral es una mancha en la estructura social y económica española, que pese a los progresos realizados tiene enquistado un problema de redistribución de renta. Estas cifras, además, nos recuerdan que la frase tan manida de que “la mejor política social es crear empleo” es, sencillamente, insuficiente. Crear empleo por sí solo no basta si este es precario y a tiempo parcial y si no va acompañado de medidas —de carácter fiscal, por ejemplo—para redistribuir la riqueza. Las políticas públicas para las familias no se limitan ni a un ministerio ni a una istración. De nada sirve una ley de familias —aprobada dos veces en el Consejo de Ministros, en esta legislatura y en la pasada, y en aún trámite parlamentario— si autonomías y ayuntamientos, que han de cargar con el grueso de su implementación, no ven la urgencia del problema. Porque para un niño, ver cómo, a pesar de tener trabajo, en casa se vive sin saber si habrá comida en la mesa la semana que viene es una marca indeleble. Algo que no debería ocurrir en la cuarta potencia económica de la UE.

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