Cambio histórico en la Fiscalía

El Consejo de Ministros aprobó ayer de manera preliminar lo que presentó como la mayor reforma en cuatro décadas del estatuto que regula el funcionamiento y la labor del ministerio fiscal. El cambio resultaba obligado para adaptar la Fiscalía a la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que el Gobierno quiere aprobar como ley orgánica en esta legislatura y que terminará con la anomalía de que España sea casi el único país occidental en el que las causas penales son instruidas por jueces, y no por fiscales. Ello obliga a reforzar la confianza ciudadana en su imparcialidad y blindar su independencia del Ejecutivo de turno, una reclamación que habían hecho tanto la propia Fiscalía como el Consejo General del Poder Judicial o, de forma repetida, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), un órgano del Consejo de Europa, en sus informes sobre España.

El mandato del fiscal general será de cinco años no prorrogables, con lo que se desvincula su mandato de la duracion de las legislaturas fruto de las elecciones generales. Además quedan fuertemente restringidas las causas de destitución. Es decir, el fiscal general actuará sabiendo que va a sobrevivir al mandato del gobierno, pase lo que pase. Y a su vez, un gobierno entrante no podrá cambiar bruscamente los criterios de la Fiscalía de un día para otro.

Otros aspectos para reforzar la independencia del cargo incluyen que el Ejecutivo no podrá dar instrucciones al fiscal general sobre ningún asunto, y las comunicaciones entre ambos habrán de ser públicas y por escrito, a través del Ministerio de Justicia. Ni el Gobierno central ni los autonómicos podrán promover su actuación. Se rebaja también el poder del fiscal general dentro de la carrera: la Junta de Fiscales de Sala podrá imponer su criterio sobre el jefe de la Fiscalía por una mayoría de tres quintos.

Es un cambio histórico en la justicia española que los fiscales pasen a instruir los casos penales en lugar de los jueces. Va a requerir una transformación profunda de la forma en que funciona la justicia. En ese contexto, es saludable cualquier avance que refuerce la imagen de independencia de la Fiscalía y que aleje la menor sombra de duda de interferencias, sobre todo en casos de corrupción. Hace muchos años que este cambio debería haberse aprobado para frenar la espiral de politización de la Fiscalía a manos de los dos grandes partidos, que han proyectado una imagen del fiscal como un cargo orgánico más.

Esta reforma la impulsa el Gobierno de coalición actual, pero debe definir la actuación de la Fiscalía durante décadas. De ahí la importancia de que el debate y la negociación parlamentaria den como resultado el mayor respaldo posible en el Congreso, comenzando por el PP, que hace un mes registró una proposición no de ley que plantea precisamente desvincular el mandato del fiscal general de la legislatura, por lo que es esperable que exista margen para el acuerdo. Igual relevancia tiene separar completamente esta reforma de la guerra política desatada contra el hoy fiscal general, Álvaro García Ortiz. La entrada en vigor se plantea para el 1 de enero de 2028, en cualquier caso con un nuevo Gobierno del signo que sea.

La Constitución atribuye al ministerio fiscal la misión de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público. Esta reforma es necesaria, camina en ese sentido e interesa a todos los partidos con ambición de gobierno. Se puede esperar un debate duro y no pocas objeciones técnicas, pero la verdadera vocación de cada uno de despolitizar la Fiscalía se verá en cuanto comience la tramitación.