La oposición pide la dimisión de la vicealcaldesa y del concejal de Urbanismo de Madrid en el mismo pleno

Los portavoces de los grupos políticos municipales han bajado el tono en sus intervenciones durante el pleno de Cibeles de este martes, en contraste con la crispación vivida en las últimas sesiones. En esta ocasión se han alcanzado acuerdos, como blindar la concesión a la empresa pública que gestiona Mercamadrid y aprobar la nueva ordenanza de cubiertas verdes.

Sin embargo, la oposición ha solicitado la dimisión de los dos concejales más cercanos al alcalde en el salón de plenos. Todos los grupos, en bloque, han exigido el cese inmediato del delegado de Urbanismo, Borja Carabante, por continuar adelante con el proyecto del cantón de Montecarmelo, a pesar de una sentencia del Contencioso en contra. El Ayuntamiento de Madrid recurrió dicha resolución judicial el pasado 19 de mayo.

Los concejales de izquierdas también han pedido la dimisión de la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, a quien acusan de encubrir al director general de la Policía Local, propietario del coche que atropelló a una niña de 10 años durante el apagón. Ambos concejales continuarán en sus cargos, ya que las dos propuestas fueron rechazadas por la mayoría absoluta del PP.

La niña atropellada se llama Aitana y presenta fracturas en el tobillo derecho, un hueso del mismo pie y el fémur de la pierna izquierda. Según el informe de la Policía, las lesiones habrían sido causadas por su madre al tirar de ella: “Cuando el vehículo sobrepasó a la menor, la mujer adulta tiró de su brazo, provocando su caída, descartando el atropello inicial, sin poder determinar si la menor fue golpeada por la parte trasera lateral del vehículo”.

La vicealcaldesa ha defendido siempre esta versión, que contrasta con la reconstrucción realizada por EL PAÍS. Este martes, el Grupo Municipal Socialista ha solicitado la creación de una comisión de investigación para esclarecer posibles irregularidades.

Sanz ha rechazado las sospechas e invitado a la oposición a acudir a los tribunales: “Tenga la valentía de decir abiertamente que ha habido falsedad documental, que se han manipulado documentos públicos”, ha señalado. Sin embargo, la comisión no se llevará a cabo, ya que también fue rechazada por la mayoría absoluta del PP, con el apoyo de Vox.

Además de estos asuntos, también se debatió sobre el futuro de las más de 400 personas sin hogar que pernoctan en el aeropuerto de Barajas. La polémica sobre el conflicto de competencias entre AENA —la empresa gestora del aeropuerto— y el Ayuntamiento de Madrid también llegó al pleno. La concejala de Más Madrid, María Pilar Sánchez, acusó al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de “utilizar a estas personas para atacar al Gobierno”. Asimismo, solicitó la creación de 500 nuevas plazas en los recursos municipales, el refuerzo de los equipos de atención en calle para situaciones de emergencia social y el fortalecimiento del modelo Housing First, que prioriza el a una vivienda estable para personas sin hogar.

Almeida considera que la solución no pasa por reforzar los recursos actuales, sino por descongestionarlos de personas que, según él, son competencia del Gobierno central, como los solicitantes de asilo. Afirmó que la red de acogida del Ayuntamiento cuenta con 630 plazas para personas en situación de emergencia social, de las cuales 350 están ocupadas por solicitantes de asilo. También recordó que la estancia media de estas personas es de 131 días, cuando, según la ley, a los tres días pasan a ser responsabilidad del Gobierno de España. “Nosotros les vamos a seguir dando recursos aunque consideremos que no es nuestra competencia y hasta que se resuelva el procedimiento judicial. Para nosotros no son bultos ni trastos”, prometió el alcalde.

A pesar de todo, este ha sido el pleno con menos insultos en meses. Solo el PP lanzó algún “pagafantas” para referirse a los concejales de Más Madrid por apoyar al Gobierno socialista, pero en un tono mucho más moderado que las habituales acusaciones de incompetencia y corrupción que Almeida ha dirigido a la portavoz socialista en los últimos tiempos.

Con los ánimos más calmados, los grupos políticos lograron ponerse de acuerdo para sacar adelante por unanimidad dos medidas. Una de ellas es la aprobación de la nueva ordenanza de cubiertas verdes, que permitirá a las comunidades de vecinos que cumplan con los requisitos crear jardines verticales, contribuyendo así a la regulación térmica de los edificios y de la ciudad. La otra consiste en eliminar el límite temporal de la concesión a la sociedad mixta Mercamadrid, actualmente compartida entre el Ayuntamiento y la empresa pública Mercasa.

La propuesta, presentada de forma conjunta por PP, PSOE y Más Madrid, busca blindar la estabilidad de la principal plataforma de distribución, comercialización, transformación y logística de alimentos frescos de España, cuya continuidad podría verse comprometida en 2032, año en el que caduca la adjudicación. “Hoy es uno de esos días que se tendrían que repetir mucho más en este Ayuntamiento. Un día de política útil, un día de acuerdos”, celebró la socialista Enma López.