La Cámara de Cuentas afea a Ayuso la infrafinanciación para atender enfermedades mentales graves y las listas de espera

La Cámara de Cuentas ha criticado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por la infrafinanciación del programa que dedica a atención social especializada a personas con enfermedad mental grave y crónica, así como la consecuente lista de espera en el periodo 2021-2022, según recoge un informe publicado consultado por EL PAÍS.

El ente fiscalizador, que dirige el expresidente socialista Joaquín Leguina gracias a una propuesta del propio PP, también pone en la diana el plan de inspección a los operadores privados que dan este servicio, y subraya que durante la pandemia se contrajeron con ellos “obligaciones económicas sin la oportuna autorización y disposición de gasto hasta la entrada en vigor de los nuevos contratos”.

Se trata de una enmienda prácticamente a la totalidad de este programa que incluye dar la voz de alarma sobre la falta de profesionales cualificados o el incumplimiento de los ratios paciente-profesional, “que influyen negativamente en la atención a sus s y en la calidad del servicio prestado”.

La Comunidad de Madrid atiende a las personas con enfermedad mental grave a través de recursos especializados que buscan promover su rehabilitación e integración social, además de apoyar a sus familias. En los centros se trata a pacientes con esquizofrenia, trastorno bipolar, trastornos paranoides, otras psicosis, o trastornos graves de personalidad. A aquellos con autonomía se les intenta ayudar a integrarse en el mercado laboral.

Y a los que tienen más dificultades se les incluye en un programa de apoyo social que estructure su día a día para ganar en independencia. Hay también mini residencias, pisos supervisados, o plazas supervisadas en pensiones. Sin embargo, todas esas buenas intenciones carecieron de la financiación suficiente en el periodo analizado, según los especialistas que han fiscalizado el servicio.

“Los créditos consignados han sido insuficientes para prestar el servicio de asistencia social a las personas con enfermedad mental grave y duradera derivadas por los Servicios de Salud Mental de la Comunidad de Madrid, lo que origina listas de espera en todos los recursos de la Red Pública de Atención Social”, se lee en el informe de la Cámara de Cuentas, que cifra en 13.376.719 euros la inversión necesaria para absorber la lista de espera que había a finales de 2022, y plantea la posibilidad de cobrar a los s en función de su renta.

Así, la Cámara detalla que la lista de espera se elevó a 1.319, 1.271 y 1.333 s en los ejercicios 2021, 2022 y 2023, respectivamente, lo que refleja que “el incremento de los centros y plazas de la red no ha sido suficiente para absorber, en cada recurso”, la demanda.

La situación refleja un incumplimiento de los propios estándares de la istración, según se recoge en el informe, con un claro déficit de plazas en los centros de rehabilitación psicosocial (-37) y en los recursos de atención residencial (mini residencias, con -218; pisos supervisados, con -155; y plazas supervisadas en pensiones de huéspedes, con -26), en función de la ratio mínima calculada necesaria por cada 1.000 habitantes considerada por la Consejería en el Plan 2003-2006.

Personal sin titulación

No es el único problema. Para la Cámara, la labor de seguimiento sobre la ejecución de esta prestación es insuficiente. Los datos obtenidos, además, no se trabajan adecuadamente para conocer las necesidades de los s y los puntos de mejora, siempre según el análisis del ente fiscalizador.

Solo de esta manera se entiende, apunta el informe, que cuatro centros del programa no cuenten con la ratio mínima de personal exigida en los pliegos. O que esa ratio no se cumpla en verano en cinco de las instalaciones analizadas. O que en una de ellas se detecten a tres trabajadores sin la titulación mínima requerida.

“Las incidencias puestas de manifiesto evidencian deficiencias en las labores de supervisión y control ejercidas por la consejería”, se lamenta en el escrito de la Cámara de Cuentas. “Los incumplimientos en cuanto a la dotación de personal exigida en los contratos inciden negativamente en la atención a sus s y en la calidad del servicio prestado”, se afea.