Los retos de la transformación de la DGAIA: externalización, malas condiciones laborales y falta de coordinación

Al sistema de atención a la infancia en Cataluña se le han acumulado tantos problemas que el Gobierno de Salvador Illa ha decidido derribarlo y refundar. La gota que colmó el vaso y puso a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAiA) bajo las críticas y los focos de la opinión pública fue la investigación de una red de pederastia que captó a una menor protegida sin que el sistema lo pudiese evitar durante meses, aunque luego fueron los educadores quienes detectaron el caso. Pero la institución arrastraba problemas anteriores, desde las irregularidades en la contratación de servicios detectadas por la Sindicatura de Cuentas hasta la investigación de la Oficina Antifraude sobre una posible malversación de fondos en ayudas a jóvenes extutelados, pasando por el cese, hace algo más de un mes, de la cúpula de la DGAiA que llevaba solo seis meses en el cargo. El Govern, con la tranquilidad que le da el hecho de que solo lleva nueve meses ejerciendo y que estos problemas vienen de los gobiernos anteriores de ERC y Junts, ha decidido darle la vuelta al sistema. El lunes, la consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez, presentará el plan para la transformación de la DGAiA.

A principios de esta semana, la consejera se reunió con las principales entidades implicadas en el sistema de atención a la infancia para empezar a dibujar las prioridades para la transformación. Martínez quiere ir deprisa para contrarrestar el grave impacto del caso de pederastia y de las irregularidades en la gestión, y ha dado tres meses para que dos grupos de expertos decidan medidas concretas. En el Parlament, esta semana ya ha dado alguna pista: considera que se ha llevado a cabo una “excesiva externalización”. El reto que afronta es mayúsculo, no solo porque internalizar todos los servicios implicaría un desembolso público difícil de imaginar, sino porque el sistema adolece de debilidades estructurales. Educadores sociales, expertos del sector y una exdirectiva de la DGAIA apuntan las principales.

¿Cómo funciona la DGAiA?

La DGAiA es el paraguas istrativo que cubre toda la red de recursos y servicios de atención a la infancia. Actualmente tiene expedientes abiertos (de diferente tipo y en distintos momentos de evolución) a 19.610 menores, de los cuales 8.867 cuentan con una medida de protección, es decir, que han sido alejados de su entorno familiar por estar en una situación de riesgo grave o por desamparo, según los datos que mensualmente publica el Departamento en su web. La mayoría de estos menores acaban bajo de la tutela de la Generalitat (6.771), mientras que otros restan en situación de guarda (67) y, el resto están en proceso y estudio de separación de núcleo familiar. Del total de menores protegidos por la Generalitat (8.867), el 60% acaban en un centro y el 40% en familias de acogida (aunque principalmente son familiares de segundo o tercer grado del propio infante).

Pero el sistema va más allá de los centros de menores: empieza en la prevención de las comunidades locales —por ejemplo con los equipos de atención a la infancia (EAIA) de los servicios sociales de los ayuntamientos—, continúa en los recursos de protección y culmina con las ayudas a jóvenes extutelados ya mayores de edad que afrontan solos el proceso de emancipación. Una de las incógnitas del plan de transformación es si se limitará a la DGAiA o abordará el sistema en su conjunto. “Se tiene que abarcar todo el sistema, desde la prevención”, señala Elisenda Xifre, presidenta de Fedaia, la federación que representa a las entidades del sector. Xifre pide aprovechar el diagnóstico que en 2021 ya hicieron los diferentes actores en el diseño de un plan de mejora: “Más acompañamiento y prevención, poner la infancia en el centro y desplegar correctamente los servicios en el territorio para que tengan un carácter más comunitario”, resume. “Confiamos en que estamos en un punto de inflexión para diseñar entre todos el modelo de infancia que necesitamos”, señala Olga Giner, miembro de la junta del Colegio de Educadores Sociales de Cataluña (CEESC).

Con todo, entre los profesionales cunde cierto desánimo por la magnitud de los problemas: Marta (nombre ficticio) es una educadora social en un CRAE: “El sistema no funciona, no hay suficientes recursos ni profesionales y esto provoca que no se esté protegiendo adecuadamente ni a menores ni familias. Y es un problema que se cronifica porque los menores acaban reproduciendo los mismos traumas y problemas cuando son mayores y tienen pareja o crean una familia”.

Falta de comunicación y coordinación

Por la propia idiosincrasia del sistema —históricamente las fundaciones, sobre todo religiosas, llevaban los centros de forma autónoma y no fue hasta 1987 cuando se creó la DGAiA—, se trata de una estructura muy fragmentada, que adolece de cierta descoordinación y que funciona de forma poco automatizada —muchos de los procedimientos son casi manuales, explica una fuente de la exdirección—. Además, en el sistema entran en juego varias istraciones, ya que el primer nivel que actúa son los servicios sociales municipales (los EAIA), que son los que valoran el caso y deciden el destino del menor.

“Hay EAIA que funcionan muy bien, pero otros que son un desastre absoluto, y eso es muy grave porque son la primera puerta de atención y los que deciden dónde va el menor. Hay que trabajar más en unificar criterios porque hay zonas en que no retiran nunca al menor de la familia y otras en que separan demasiado. Es cierto que todos los expedientes los revisa la DGAIA, pero si los ayuntamientos hicieran bien su trabajo, el personal de la DGAIA podría hacer más trabajo de campo”, explica una exdirectiva de la DGAIA.

Marta también lamenta que no se tiene en cuenta la opinión de los educadores sociales que trabajan en los CRAE cuando debe haber un ingreso de un menor. “No se pregunta si la criatura encajará con el resto de menores de ese centro o si se necesita un periodo de adaptación…”. En este sentido, la educadora también critica la arbitrariedad a la hora de colocar a estos menores. “El Departamento dice que busca el mejor centro para el menor, pero no es así, lo envían donde hay plaza. Y si hay un joven con 18 años, se intenta acelerar su marcha para que deje libre la plaza”.

Externalización

Una de las críticas de los trabajadores del sector —y itida esta semana por la propia consejera— es la gran externalización del sector: aunque todos los recursos son de titularidad pública, la gran mayoría están gestionados por entidades sociales. De los 170 centros de acogida, solo 14 son de gestión pública. El resto pertenecen a fundaciones privadas sin ánimo de lucro que mantienen un sistema de concierto con la Generalitat (similar al de las escuelas). “La externalización a menudo ha ido ligada a la precarización y a una falta de continuidad en los equipos. Revertirlo es posible con una financiación adecuada y condiciones laborales dignas”, dice Giné. Esta externalización también ha llevado a una falta de control centralizado.

“Se ha privatizado el sistema de centros y no hay control”, critica Marta, que pide que los centros sean públicos para que la Generalitat pueda controlar mejor qué pasa dentro de esos espacios, porque ahora, según esta educadora social, reciben una inspección al año. Y añade que esta privatización, junto al hecho de que sean menores, ha creado un manto opaco alrededor del sistema de protección a la infancia, que permite que los casos de malas praxis de educadores, desatención de menores o incluso suicidios no traspasen esa capa y no salgan a la luz. De hecho, el Departamento en sí también es muy reacio a la hora de dar explicaciones sobre los casos que trata, escudándose precisamente en esa protección de los menores.

Fuentes de la antigua dirección de la DGAIA iten errores en el sistema de inspección. “La inspección se dedica más a mirar cuántos metros cuadrados hay que no cómo funciona. Las inspecciones tendrían que cambiar y ser más cualitativas”. Con todo, las mismas fuentes explican que se creó un aplicativo para que los menores pudieran denunciar casos de malas praxis en su centro, ya que se han detectado casos de abusos por parte de educadores, “que son casos graves, pero son puntuales”, destacan. Con todo, estas mismas fuentes defienden que el modelo de externalización ofrece más agilidad para dar respuesta a emergencias y que la mayoría de entidades “son rigurosas y hacen las cosas bien”.

La presidenta de Fedaia pone en duda que la istración pueda gestionar todos los recursos con sus propios medios, y defiende cómo funciona el sistema: “El debate entre gestión pública o de las entidades lo deberíamos ir superando, porque la realidad es tan compleja que nos necesitamos entre todas”, dice Xifre, que resalta que se gestione siempre “desde el no ánimo de lucro”.

El sistema de centros

Xifre expresa que una de las prioridades debe ser mejorar los centros: hacerlos más pequeños, con ratios más asumibles para los educadores, y con un carácter menos institucional. Giné sitúa como principales puntos a mejorar el trabajo en la prevención y el reconocimiento de los menores como sujetos con derecho de participación, así como dotar a los servicios con recursos estables.

Los CRAE están pensados para criaturas de 3 a 18 años, y en principio la idea es que permanezcan uno o dos años. “Pero en muchos casos cuando ingresan ya te dicen que se va a quedar allí hasta los 18”, apunta Marta. Y añade: “Algunos menores hay que sacarlos de su núcleo familiar, pero en otros casos la solución no es separarlos, sino trabajar con la familia, porque estás creando un trauma y provocas que el menor y la familia desconfíen del sistema. Los niños quieren estar con sus padres, sean como sean, porque son sus padres”.

Asimismo, la educadora asegura que las fugas “están a la orden del día”. “Los Mossos ignoran ya según qué códigos cuando reciben el aviso. Y si pasan unos días de la fuga y otro menor está esperando ingreso, se le da la plaza de quien se ha fugado. Un sistema que teóricamente está protegiendo la infancia, está claro que no lo está haciendo”, critica Marta.

El proceso de desinstitucionalización también presenta muchas fisuras, porque cuando se hace mayor de edad se intenta buscarle un piso u otro recurso, pero si no se logra, el joven tiene que volver con la familia. Marta apuesta por alargar la protección hasta los 25. “Los jóvenes que han vivido en un hogar estable con todas las comodidades se independizan a los 30 o más, pero a los jóvenes que no han tenido nada, que los has roto por todos lados y a los que ha fallado la familia y el sistema les estamos diciendo que a los 18 años tienen que ser superhombres y supermujeres y valerse por sí mismos”.

Familias acogedoras

Actualmente hay una bolsa de unas 800 familias acogedoras, un número insuficiente para las necesidades, cosa que ha llevado al Departamento a impulsar campañas para engrosar ese número. Y, de hecho, la consejera ya itió que hay demasiados niños menores de seis años en los centros. “Hay pocas familias acogedoras y algunas no están preparadas porque no saben gestionar esos menores con sus traumas, y muchas familias los acaban devolviendo, y la criatura se siente abandonada de nuevo porque tiene la sensación de que nadie la quiere”, apunta Marta.

Una exdirectiva de la DGAIA plantea que esta institución y el Instituto Catalán de Acogida deberían estar unidos para unificar visiones. “El instituto está centrado en lograr las mejores familias del mundo, pero la perfección no existe. No puedes regalar a los niños, pero también hay que relajar los requisitos porque las familias que antes acogían son un modelo que casi no existe: con mucho dinero, con muchos hijos y que veían la acogida por vocación cristiana”.

Falta de asistencia

Los educadores sociales denuncian la poca asistencia psicológica que reciben estos menores, que precisamente cargan a sus espaldas problemas muy duros y traumas profundos. “Van al psicólogo público cada tres meses porque los centros de salud mental infantil y juvenil (CSMIJ) están colapsados, pero así no hay forma de hacer una terapia adecuada ni crear vínculo con el terapeuta, de modo que muchos no quieren ir. Y al psiquiatra van cada seis meses, y muchas veces la consulta es por correo y cambian la medicación por los comentarios que reciben por mail”, critica Marta, que reclama la presencia fija de psicólogos en los centros de acogida.

Estas fuentes de la DGAIA confirman la demora, “especialmente en algunas zonas” y asegura que hace unos años se estuvo trabajando en modificar la cartera de servicios, ya que ahora en estos centros solo pueden trabajar educadores sociales. “A lo mejor nos interesa un psicólogo, un maestro o un especialista en primera infancia si hay niños muy pequeños porque a veces tienes educadores que no han cambiado nunca un pañal o que no saben cómo coger un bebé”.

Malas condiciones laborales

El trabajo de un educador en un centro está mal pagado, supone largas jornadas y con exposición constante a agresiones verbales y físicas. “Esto provoca que haya mucha movilidad de personal y al final las criaturas son las que acaban perdiendo porque ellas necesitan estabilidad y seguridad, pero sus referentes van cambiando y ello dificulta la creación de vínculos”, lamenta Marta. Y también hay falta de manos. “Puede haber dos educadores con 6 o 7 menores, pero si uno se pone violento, tú te quedas con el resto, que tienen diferentes edades y necesidades diferentes: uno quiere que juegues con él, otro que lo ayudes con los deberes y otro que lo escuches con un problema que ha tenido. La sensación es que te pasas el día apagando fuegos”, añade la educadora.

Las fuentes de la DGAIA iten que es difícil encontrar educadores. “Los que salen de la universidad se ponen a trabajar enseguida y se encuentran con situaciones en las que no tienen experiencia”. En las entidades, el convenio que mayoritariamente se aplica, el de Acción Social, está caducado desde 2018 y marca un sueldo de entre 1.300 y 1.644 euros brutos para los trabajadores. Los sindicatos y La Confederació, la patronal del sector social, reclaman que la istración suba las tarifas para equiparar estos sueldos a los de los educadores que trabajan en centros públicos, que son más elevados. Según Giné, esta “precariedad estructural pone en riesgo la calidad del servicio y la seguridad”.

Aspectos positivos

“La DGAIA está en permanente estado de emergencia, no puedes tener a los menores en lista de espera, como en las residencias. Te llaman de un hospital y tienes que encontrarle plaza a ese menor al día siguiente”, defiende una exdirectiva, quien lamenta que “se está demonizando la DGAIA y estigmatizando a los menores protegidos”. “Hay margen de mejora, sí, pero también se están haciendo cosas bien. Hemos salvado la vida a muchos niños y niñas, y eso deberíamos verlo como un tesoro”, remata.