Gobierno y oposición, abocados a un enfrentamiento sin tregua

Madrid fue este domingo punto de encuentro de una reunión internacional para abordar la defensa de dos Estados, Israel y Palestina. España reconoció hace un año la existencia, del segundo. Muy tímidamente el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha entrado a pedir que se detenga la masacre de los palestinos, a la vez que la UE. Hasta ahora, el Gobierno de España ha contado con la crítica del PP por su posición pionera en instar a Israel que detenga la ofensiva militar y la muerte a los gazatíes por hambre. El ala más a la derecha del PP tacha al Gobierno de “antisemita” por esas demandas.

El PP no se siente cómodo en la toma de posición sobre las convulsiones que agitan el tablero internacional. Ni tampoco en otros asuntos que le situarían inexorablemente en el lado del Gobierno. Las investigaciones judiciales en el entorno del presidente y en el PSOE, con notables diferencias entre ellas, son las que el PP va a blandir sin descanso. Y así tiene que ser, según algunas de las encuestas en poder de los populares, cuyos consultados mayoritariamente señalan que Feijóo no es suficientemente duro con Pedro Sánchez. No solo debe ser la palabra sino los hechos. Nada hay que pactar, sea lo que sea, perjudique a quien perjudique.

Este miércoles se reunirá el Comité Preparatorio de la Conferencia de Presidentes autonómicos, convocada para el 6 de junio en Barcelona. Del encuentro saldrá el orden del día que ya parte del desacuerdo. El Gobierno lanzó dos asuntos a tratar, vivienda y formación profesional y universidades. Los presidentes del PP lo han rechazado. Se puede hablar de vivienda pero, sobre todo, de la okupación “que se ha agravado con la ley de vivienda del Gobierno, un fracaso que solo beneficia a los okupas”. Así lo ha manifestado la vicesecretaria del PP, Carmen Fúnez, este domingo. Los datos del Ministerio del Interior sitúan la okupación ilegal de viviendas en un 0,05%, con ligerísimos descensos en los dos últimos años.

El PP exige que en la conferencia se trate el apagón del pasado 28 de abril, las deficiencias en el transporte ferroviario y la aprobación inmediata de las llamadas entregas a cuenta a las comunidades autónomas a través de un Real Decreto. Esas entregas no están ya en las manos de las comunidades porque se incluyeron en el llamado decreto ómnibus rechazado en el Congreso por el voto en contra, entre otros, del PP. La reforma del sistema de financiación autonómica sigue en suspenso, mientras la condonación parcial de las deudas de las comunidades, aprobada por el Gobierno, es verbalmente rechazada por las autonomías del PP. Pero el Ejecutivo considera inverosímil que cuando llegue el momento del procedimiento, cara a cara Hacienda–Ejecutivo autonómico, este último vuelva a su tierra sin firmar ese alivio económico.

No puede ni quiere el PP aparecer próximo al Gobierno sobre nada. Tampoco en el establecimiento de normas de conducta en el Congreso para poner coto a la obstrucción permanente del trabajo de los periodistas por parte de unos activistas ajenos a la información parlamentaria. Una hora antes de que se tomara en consideración la proposición para modificar el Reglamento, el pasado martes, se produjo el último incidente, con el portavoz socialista, Patxi López, como protagonista involuntario. La iniciativa de los grupos parlamentarios, menos PP, Vox y UPN, viene dada por la insistencia, desde hace más de dos años, de las asociaciones de periodistas a las autoridades del Congreso para que adopten medidas que impidan el boicot del trabajo periodístico, además de insultos y señalamientos a informadores y políticos. El PP arguye que el Gobierno quiere amordazar a los periodistas que les molestan. “Para periodistas incómodos, José Luis Balbín, Luis del Olmo o Carlos Alsina. Estos de aquí son sicarios a su servicio”, apuntó desde la tribuna el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, otro de los políticos perseguidos, fuera y dentro del Congreso. Rufián constató que “esos mercenarios” nunca molestan ni persiguen a PP y Vox.

La iniciativa ha empezado la tramitación parlamentaria, que culminará en junio. No se espera un cambio de actitud del PP. “Este es un Gobierno de forajidos. Si Sánchez decidiera una noche escaparse con Begoña, todos los imputados no cabrían en el Falcon”. Así remató el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, ante Feijóo, la sesión de control al Gobierno del pasado miércoles. Enfrente, tanto PSOE como Sumar oponen una agenda social, económica y de derechos, y que se noten el crecimiento económico y la distribución de renta. “Hacer” es su único camino, defienden.