El PP acusa al Gobierno de “investigar” a la UCO y el PSOE lo niega “categóricamente”

“A la Guardia Civil se la respeta, no se la difama; a quien investiga se le defiende y no se le señala. Nadie debería cuestionar a quienes investigan”. Así de tajante se ha mostrado Borja Sémper tras la reunión semanal del comité de dirección del PP de este lunes. El portavoz popular ha comparecido tras la cita y ha centrado el foco de sus críticas al Gobierno en una información publicada por El Confidencial. La noticia describe una supuesta operación del PSOE para conseguir datos comprometedores del jefe del departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO), el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas, a través de la difusión de unos audios que implican a María Leire Díez Castro, que dicho diario califica como “fontanera de Moncloa y del PSOE”.

El Partido Popular otorga total credibilidad a los hechos relatados y arremete con fiereza. “Es de tal gravedad que son comportamientos más propios de una organización de carácter mafioso que de un partido político”, ha aseverado Sémper, acusando al presidente del Gobierno como responsable último de las supuestas coerciones al instituto armado y tacha al PSOE de Pedro Sánchez de “aparato de presión institucional dispuesto a reventar el Estado de derecho”.

Pero el Partido Socialista, por su parte, ha negado la vinculación establecida entre Díez y Ferraz. “Ninguna de las personas que aparecen en esa grabación está en nómina en el PSOE, y decir lo contrario solo busca un salto más en esta ofensiva diaria contra los socialistas”, aseguran fuentes de la formación en un comunicado difundido a primera hora, y en el que desmienten “categóricamente” la información. “El PSOE se reserva el derecho de iniciar las acciones legales que crea oportunas, ante una publicación que considera difamatoria y claramente destinada a realizar un daño reputacional al partido”, añaden.

Los populares, sin embargo, dan por ciertos los hechos. “Solo quien teme lo que la Guardia Civil pudiera haber descubierto, investiga a la Guardia Civil”, ha agregado el portavoz del PP en alusión a investigaciones como el caso Koldo y a la presunta implicación del secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. El dirigente socialista compareció la semana pasada brevemente ante los medios de comunicación para defender su inocencia frente un supuesto informe de la UCO que le vincularía con el amaño de contratos de obra pública, relacionado con la trama.

El PP solicitará la comparecencia de Díez a la comisión de investigación sobre el caso Koldo impulsada con su mayoría absoluta en el Senado. “Nadie en el PSOE ordena investigaciones ni hace dosieres sin que lo sepa su secretario de Organización”, ha sostenido Sémper, calificando a Díez como “persona de máxima confianza” de Cerdán.

En otra rueda de prensa paralela, celebrada tras la reunión de la comisión Ejecutiva Federal del PSOE, la portavoz socialista, Ester Peña, ha trasladado el “total respeto” de su formación “al trabajo de la UCO”. Pero ha reiterado su rechazo a la información de El Confidencial, insistiendo en que “ninguna de las personas que aparecen en la grabación está en nómina del Partido Socialista ni lo ha estado nunca”.

“Lo que nos está sucediendo en las últimas semanas es que no se habla de los informes de la UCO, sino que se habla de algo que alguien dice que aparece en un documento relacionado con la UCO y de aquello nunca se supo”, ha señalado Peña. “El daño reputacional a personas honestas se hace día a día, el daño que se intenta hacer a la organización política se hace día a día, pero realmente no existe nada que de verdad acredite todas esas difamaciones y todos esos datos. Por lo tanto, nosotros seguimos respetando a la UCO y a todos los órganos que de verdad se dedican a estudiar cuestiones reguladas en nuestro país con tantos casos que hay abiertos también del PP”, ha agregado.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha pronunciado para manifestar su confianza en los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Y sobre María Leire Díez Castro, ha añadido: “Yo me remito al comunicado del PSOE”. “No demos por probado lo que tú has dado por probado”, ha respondido a una pregunta de la prensa sobre la información publicada este lunes.

Las asociaciones profesionales de guardias civiles han publicado este lunes notas de prensa en apoyo al trabajo de la UCO y al teniente coronel Antonio Balas. Jucil, que cuenta con más de 15.000 , ha manifestado “su profunda preocupación ante la purga sistemática que el Gobierno del PSOE ha llevado a cabo en los altos mandos de la institución desde su llegada al poder en 2018″, a pesar de que “la UCO ha sido históricamente el cuerpo policial que ha demostrado mayor independencia y valentía en la lucha contra la corrupción y la mala praxis”. Del mismo modo, AUGC ha afirmado que, en un Estado de Derecho, “resulta inaceptable cualquier intromisión real o presunta que pueda interpretarse como un intento de condicionar o limitar la actuación de los cuerpos policiales en su labor investigadora”.

La asociación profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC), con menor representación, ha destacado que, “revelaciones como las conocidas en las últimas horas, no solo comprometen” la independencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, “sino que generan desconfianza ciudadana hacia instituciones fundamentales”. Aprogc ha sido otra asociación que también ha publicado un comunicado para apoyar “sin fisuras” a la UCO.

Un empresario acusado

Los audios publicados recogen el contenido parcial de una reunión celebrada por videoconferencia, donde participaron, entre otros, María Leire Díez Castro y el empresario Alejandro Hamlyn. Este último nombre resulta clave. La tesis de El Confidencial es que Díez Castro quería que Hamlyn le facilitara información comprometedora de un mando de la UCO. En esa línea, este mismo lunes, el empresario ha concedido una entrevista a la web Estrella Digital donde añade: “Me ofrecieron impunidad si acusaba a la Guardia Civil y al fiscal Anticorrupción”.

Todo ello se pone sobre la mesa este lunes, en un momento fundamental para Hamlyn. El empresario debía acudir esta mañana a la Audiencia Nacional para ser juzgado por liderar una “organización criminal” dedicada al fraude de hidrocarburos, por la que la Fiscalía reclama que se le impongan más de 89 años de cárcel. Sin embargo, el empresario no se ha presentado a la cita y su abogado, José Antonio Choclán, ha alegado que se encuentra retenido en Dubái por las autoridades, debido al impago de una deuda.

Choclán, que también ejerce la defensa del comisionista Víctor de Aldama en el llamado caso Koldo, ha insistido en que Hamlyn quería acudir a la vista. Sin embargo, la Fiscalía no le cree y desliza que pretende obstaculizar la actuación de la justicia. “¿El señor Hamlyn no ha venido porque no quiere o porque no puede? Esa deuda, al cambio, es de 3.000 euros. Y esa prohibición de salida se levanta en el mismo momento en que se pague. Ha podido pagar los 3.000 euros [durante un mes] y venir, y no lo ha hecho”, ha recalcado la representante del ministerio público, que ha pedido al tribunal que dicte una orden de busca, captura e ingreso en prisión de Hamlyn. La Abogacía del Estado ha apoyado esa iniciativa.

De momento, ante la incomparecencia del empresario, los magistrados han decidido aplazar el inicio del juicio hasta el próximo 30 de junio. El tribunal ha pedido a Choclán que su cliente facilite una dirección para notificarle personalmente la fecha y ha abierto la puerta a que, en el caso de que no se presente ese día, se dicte una orden de detención contra él.

En esta causa, la Fiscalía pide que se imponga más de 89 años de prisión a Hamlyn por encabezar una trama alrededor de la petrolera Hafesa Energía, acusada de perpetrar un fraude de más de 154 millones de euros entre 2016 y 2019, por no pagar el IVA derivado de la comercialización y venta de combustibles. “Soy un empresario independiente que ha levantado su grupo desde cero. Han intentado utilizarme como arma política. Cuando me negué a colaborar en su montaje contra la Guardia Civil, reactivaron el proceso penal contra mí”, se defiende el empresario en esa entrevista de Estrella Digital.

En el banquillo de los acusados se sienta otra veintena de personas. Entre ellas, José Norberto Uzal, al que se señala como número dos de Hamlyn en la trama. Antes de ocupar el puesto de consejero delegado de Hafesa, José Norberto Uzal fue director general de istración Local de la Consellería de Presidencia de la Xunta de Galicia que encabezó Alberto Núñez Feijóo, actual presidente del PP. Ocupó ese puesto entre 2009 y 2013. La Fiscalía también pide más de 89 años de prisión para él.