Los olivareros denuncian ante Competencia pactos desleales para hundir los precios en origen del aceite de oliva

Tras alcanzar máximos históricos la pasada campaña, el precio en origen del aceite de oliva acumula varios meses de hundimiento, una circunstancia que los agricultores achacan a un supuesto pacto en las cotizaciones por otros operadores del mercado oleícola. Eso ha llevado a la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) a presentar este martes una denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por una posible alteración artificial de los precios en origen del aceite de oliva que, entienden, podría suponer una conducta prohibida por la Ley de Defensa de la Competencia.

La COAG considera que hay un desfase injustificado de más de dos euros por kilo entre el precio real en origen del aceite de oliva que se paga al olivarero (3,50 euros/kilo de media) y el valor que debería tener (5,55 euros/kilo), según el cálculo realizado por un equipo de investigadores de las universidades de Jaén, Córdoba y el IFAPA (Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía).

El estudio ha sido desarrollado con una metodología basada en la aplicación de un software avanzado de detección de desequilibrios de mercado y ha tenido en cuenta tanto los datos reales de producción de la campaña 2023/2024 como los aforos previstos para 2024/2025. El foco del análisis ha estado en la evolución del precio en origen del aceite de oliva virgen extra (Aove) y su comparación con los valores estimados de equilibrio según el contexto del mercado. Esta comparación ha permitido identificar márgenes injustificables entre el precio real pagado a los productores y el valor de mercado estimado, apuntando a un posible desequilibrio provocado intencionadamente por operadores a los que no llegan a citar de modo expreso.

“No hablamos de percepciones ni de sensaciones, hablamos de una posible vulneración de la ley de Defensa de la Competencia, que requiere una investigación urgente por parte de la CNMC sobre posibles acuerdos de precios entre operadores o prácticas comerciales desleales que estarían perjudicando gravemente a los agricultores”, ha señalado el secretario general de la COAG, Miguel Padilla. A su juicio, de confirmarse que se ha producido un pacto de precios o cualquier práctica que restrinja la competencia, se trataría de una infracción grave de la legislación vigente. En concreto, la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia, en su artículo 1.1, prohíbe expresamente los acuerdos entre empresas que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear la competencia, incluyendo expresamente los pactos de fijación de precios y el reparto de mercados.

Esta distorsión en los precios está provocando importantes pérdidas entre los olivareros. Según la COAG, cada mes que pasa los olivareros de todo el país están dejando de percibir 260 millones de euros (más de 8,6 millones diarios) y, de continuar esta situación, las pérdidas podrían elevarse hasta 2.800 millones de euros en esta campaña. Para el responsable del sector de olivar de COAG, Juan Luís Ávila, “el mercado no puede ser un espacio de abuso ni de especulación a costa del trabajo en el campo” y advierte: “No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras se infravalora de forma sistemática el esfuerzo de miles de olivareros”.

Juan Luis Ávila entiende que no se trata sólo de cumplir la ley sino de activar herramientas que ya existen y que, sin embargo, están paralizadas. Cita, por ejemplo, la norma de almacenamiento prevista en el artículo 167 bis de la Organización Común de los Mercados Agrarios (OCMA) de la UE, cuya ejecución aprobó el Consejo de Ministros en febrero de 2021 mediante Real Decreto. “Desde entonces, esta medida permanece congelada”, remarca Ávila, que destaca que esta norma permite al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ordenar, de manera obligatoria para todos los productores, la retirada temporal de producto del mercado cuando existan desequilibrios graves como el actual. “Su activación sería clave para estabilizar el mercado y evitar los hundimientos de precios provocados por prácticas especulativas”, ha apostillado el responsable de la COAG.

La denuncia presentada ante Competencia ha coincidido con la celebración en Úbeda (Jaén) del comité consultivo del Consejo Oleícola Internacional (COI) del que forman parte47 países, y donde se abordan los desafíos que tiene por delante el sector. El director ejecutivo del COI, Jaime Lillo, ha itido la situación de “gran incertidumbre” existente por el escenario actual de guerras comerciales y arancelarias. “Más allá de la coyuntura de las amenazas arancelarias, lo que sí que constatamos es que hay un número creciente de consumidores, en particular en Estados Unidos, que no están dispuestos a renunciar al aceite de oliva”, ha indicado Lillo.