El Consejo de Ministros envía la ley para reducir la jornada al Parlamento

El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de este martes enviar la reducción de jornada al legislativo. El cambio nuclear del proyecto, que el Ministerio de Trabajo pactó con los sindicatos y que rechazan las patronales, afecta al artículo 34.1 del Estatuto de los Trabajadores. Desde 1983 dice: “La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual”. La norma aprobada hoy aspira a cambiar esas 40 horas por 37 y media, tal como se comprometieron PSOE y Sumar en su pacto de Gobierno. Para que esto aplique a los asalariados, el Ejecutivo necesita unos apoyos parlamentarios que, de momento, no están garantizados.

Ante esas dificultades, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sido cuestionada por el margen de negociación y cuáles son las líneas rojas que no pretende cruzar. “Nuestra línea roja es que queremos bajar la jornada laboral a 12 millones y medio de trabajadores y trabajadoras en nuestro país. El resto, todo el margen de negociación es absolutamente posible. El margen es absoluto”. Es decir, Trabajo abre la puerta a recuperar las ayudas a pymes que decayeron del acuerdo por el rechazo de la patronal, y que con toda seguridad reclamarán los nacionalistas de derechas.

Con esas declaraciones, la vicepresidenta segunda parecía abrir la puerta también a la posibilidad de aplicar la reducción de jornada más allá del 31 de diciembre de 2025, algo por lo que se le había preguntado específicamente y que no marcó como línea roja. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Trabajo han rechazado categóricamente esa posibilidad al término de la rueda de prensa, asegurando que no está sobre la mesa.

Dado el rechazo del PP a la norma (lo justifican en que al aval sindical no le acompaña el empresarial), el éxito de la propuesta depende principalmente de Junts, que presentará una enmienda a la totalidad y este lunes reiteró su rechazo al proyecto. El grupo de Carles Puigdemont dice que la propuesta del Gobierno es “un ataque frontal a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas de Cataluña”. “Nos encontramos con la puerta cerrada ante la posibilidad de negociar, aunque fuera una coma, de este texto”, dijo este lunes la portavoz del grupo catalán en el Congreso, Miriam Nogueras.

Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha interpelado a los grupos políticos: “Ya no hay vuelta atrás. Esta norma llega a la casa de la democracia. El Gobierno de España ha cumplido, con el presidente a la cabeza. Ahora tiene que hablar la soberanía popular. Vamos a tener la oportunidad de saber qué va a hacer cada formación política”. Al único partido que Díaz ha mencionado expresamente es al PP. “La pregunta es sencilla. ¿Va a maniobrar el señor Feijóo para tumbar la reducción de la jornada laboral? ¿Quiere dañar a su país? Cuando hablo de política útil hablo de esto?“.

Díaz ha hecho referencia al apoyo social del que goza la reducción de jornada, también entre los votantes del PP: según una encuesta del Instituto 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER de enero de 2024, solo el 25% de los que apoyan al PP rechazan la contracción del tiempo de trabajo. “Vamos a ver si algo que está ganado en la calle se rompe en el Congreso de los diputados. La responsabilidad es mayúscula”, ha opinado Díaz.

El Gobierno confía en Junts

El partido que lidera Puigdemont no cierra del todo la posibilidad de terminar alcanzando un acuerdo. En el Gobierno tienen la esperanza de que conseguirán convencer a Junts e insisten en que las negociaciones prosiguen. Una parte de la estrategia es recuperar las ayudas a pymes que ya ofreció Trabajo a los empresarios y que decayeron del proyecto, pero en el Ejecutivo asumen que deberán ir más allá para conseguir el apoyo de Junts.

“La negociación parlamentaria ha empezado hace tiempo, llevamos semanas teniendo conversaciones para lograr una mayoría que nos permita sacar adelante el proyecto de ley”, ha dicho este martes el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, informa Gorka R. Pérez.

Tampoco garantiza su apoyo el otro partido nacionalista de derechas, el PNV, pese a la simpatía que viene mostrando al proyecto en los últimos meses. El grupo vasco critica que la norma no tenga respaldo empresarial y subraya el efecto que la medida puede tener en las pymes. Los nacionalistas de izquierdas sí confirman que apoyarán la contracción del tiempo de trabajo, pero matizan que si el texto final concede de más a las patronales podrían reevaluar su posición.

Podemos y sus cuatro diputados indican que la reducción de jornada que plantea Díaz les parece “modesta e insuficiente”, pero a la vez dicen que son “favorables” a todo lo que sean “avances” en esta legislatura.

“Un poco más feliz”

“Hoy es un día de máxima importancia para nuestro país”, ha abundado Díaz, antes de señalar que la reducción de jornada “ayudará a que la gente sea un poco más feliz”. “Hablamos al conjunto de españoles y españolas que no ven apenas a sus hijos porque no les da la vida. La política sirve para esto y el Gobierno de España sabe muy bien a quién representa”, ha agregado la vicepresidenta segunda.

Además, ha considerado que las empresas tienen resultados lo suficientemente positivos como para asumir la reducción, incluyendo los sectores con jornadas más largas y menor valor añadido, como la agricultura, el comercio o la hostelería: “Los márgenes empresariales hablan por sí solos. Cuando hablamos del reparto de la productividad deberíamos tenerlo en cuenta. Lo que hacemos es practicar justicia”. Ha indicado que otros colectivos profesionales, como los empleados públicos, ya tienen jornadas por debajo de las 40 horas, y que ello debería llegar por ley al conjunto de los asalariados.

“Las empresas ya están negociando jornadas que van en esta dirección. Son unas pocas empresas las que tiene planteamientos más del vetusto siglo XX que del siglo XXI”, ha comentado Díaz. Según los datos a cierre de 2024 de la estadística de convenios, la jornada pactada media en España es de 38,3 horas.

Registro horario y más sanciones

Además de reducir la jornada laboral, el proyecto que pactaron Trabajo y los sindicatos cambia el registro horario para hacerlo más efectivo. De prosperar el texto acordado se impedirá que los registros se hagan en papel, deberán ser digitales y, a la vez, interoperables para que Inspección pueda acceder a ellos. Asimismo, se plantea un endurecimiento de las sanciones, de manera que el castigo ya no se dará por empresa incumplidora, sino por cada empleado con horas de más no retribuidas. Esto multiplicará unas sanciones que, hasta ahora, a muchas empresas les compensaba asumir. La norma también refuerza el derecho a la desconexión digital.

Pérez Rey ha indicado este martes que “el texto es el acordado con las organizaciones sindicales con algunos cambios pactados con ellas tras el informe del CES”. Estos cambios, ha especificado el número dos del Ministerio de Trabajo, consisten en aclarar cómo funciona el registro de la jornada y la reducción en el caso de las empleadas del hogar; o determinar qué ocurre en las empresas que no tienen convenio colectivo y quieren hacer uso de la flexibilidad que la norma da para llevar a cabo la reducción.

Tras meses de negociaciones, primero de centrales y patronales por su cuenta y después junto al Gobierno, Díaz selló el acuerdo con CC OO y UGT. Lo presentaron el 20 de diciembre, hace más de cuatro meses. Tras un tira y afloja entre Economía y Trabajo, el anteproyecto de ley se aprobó en Consejo de Ministros en primera ronda el 4 de febrero y ha vuelto al mismo tres meses después, antes de someterse al examen del Congreso de los Diputados.