El anuncio de una zona de concentración de disidentes en el Catatumbo reabre los fantasmas del Caguán con las antiguas FARC

La subregión del Catatumbo, la zona más cocalera del mundo, será la sede de la nueva gran apuesta de paz de Colombia. Allí, en plena frontera con Venezuela, los combatientes del grupo disidente de las extintas FARC conocido como frente 33 se concentrarán, bajo la mirada del Gobierno de Gustavo Petro, para iniciar su proceso de dejación de armas. “Comienza la paz del Catatumbo”, escribió Gustavo Petro en su cuenta de X al anunciar la decisión.

La decisión, sin embargo, ha sembrado incertidumbre en los mandatarios locales y regionales que no fueron advertidos ni socializados previamente. Luis Fernando Niño, el consejero de paz del departamento, ha dicho que la gobernación no ha recibido más información sobre la zona. “No sabemos cuántos hombres van a ingresar ni mucho menos si van a entrar con armas o sin ellas”, afirma. El documento que formaliza el acuerdo, fechado el 3 de mayo, no detalla el funcionamiento de la que han llamado zona de ubicación transitoria. Solo explica que quedará en la zona rural de Tibú, el más poblado de los municipios de la región.

Para algunos, la decisión recuerda a la zona de distensión que acordaron en 1998 las extintas FARC y el gobierno de Andrés Pastrana. Se trataba de 42.000 kilómetros en el sur del país en los que los guerrilleros se concentraron sin el riesgo de combate con la Fuerza Pública. Sin presencia militar ni mecanismos de verificación robustos, el experimento llevó al fortalecimiento militar, político y financiero de las FARC. El fracaso de ese proceso de paz dejó una profunda desconfianza sobre los diálogos con grupos armados y marcó la política de seguridad de los años siguientes.

En ese contexto Jairo Alberto Castellanos, senador del Partido Alianza Social Independiente (ASI) y oriundo de Norte de Santander, ha expresado sus preocupaciones, pese a que se trata de una zona mucho más pequeña y con presencia institucional. “Los antecedentes del Caguán no pueden repetirse en el Catatumbo. No podemos entregar territorio sin control, sin garantías ni presencia estatal”.

La ambiciosa apuesta del Gobierno es sacar del juego a una de las dos estructuras armadas que se disputan el Catatumbo, para que así cese el conflicto. Pero en Tibú hace presencia el ELN, el principal contrincante del Frente 33, y cuyo poder en la región es cada vez más robusto, especialmente luego de que, en enero, desatara una ofensiva que ha dejado, hasta ahora, 65.100 personas desplazadas y al menos 120 muertos por los enfrentamientos. De hecho, en marzo pasado se difundió un audio atribuido a esa guerrilla en la que se advertía de una nueva acometida para acabar con los disidentes. Días después, el Frente 33 comenzó una serie de ataques y enfrentamientos en Tibú.

En el documento que establece la zona quedó estipulado que el Estado mantendrá un cese de operaciones ofensivas respecto del frente 33 y el resto de estructuras afiliadas al llamado Estado Mayor de Bloques y Frentes o EMB. Ese Esa suspensión tiene como tope el 18 de mayo, cuando el Gobierno espera que ya se haya dado el reagrupamiento de los integrantes del Frente 33. No está claro si los demás bloques del EMB, como los que han ido extendiendo su dominio por zonas del sur del país, se concentrarán a su vez.

Alexánder Díaz, conocido como Calarcá Córdoba, es el jefe máximo del EMB y tiene su centro de operaciones entre Caquetá, Meta y Guaviare. En una carta pública, pero dirigida al presidente, rechazó el decreto que plantea la zona del Catatumbo, y aseguró que esa propuesta no fue concertada en la mesa de negociación, sino que se pactó únicamente con el Frente 33. El líder de esa estructura, Andrey Avendaño, publicó un video en redes sociales en el que asegura que no se trata de “una zona de extensión, ni mucho menos busca generar más violencia”. Avendaño asegura que desde allí continuarán las negociaciones y buscarán posibilitar el retorno de los desplazados por el conflicto.

Luis Fernando Trejos, académico de la Universidad del Norte y experto en asuntos de conflicto armado, cree que el Frente 33 aceptó porque fueron “duramente golpeados por el ELN, más no por la acción disuasiva estatal”. Por eso, señala que el reto del Gobierno radicará en garantizar la seguridad de los disidentes en una zona en la que la guerrilla ha mostrado su poder militar y ha asesinado a antiguos integrantes de las FARC que firmaron la paz. De hecho, el Partido Comunes, formado tras la extinción de esa guerrilla, le ha pedido al Gobierno claridad frente a los mecanismos y compromisos que tendrán los disidentes.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se ha pronunciado por la decisión del Gobierno. “Lo primero que se busca es concretar los procesos de paz y para ello se dio un plazo que se debe vencer en los próximos días. Si no se concentran, entonces se acaba la mesa de negociación”, dijo a modo de sentencia. Pero sigue la duda de qué ocurrirá si lo hacen. Saber si se trata de una zona de concentración para la paz o de un repliegue táctico y con protección del Estado dependerá, en buena parte, de lo que pase en el Catatumbo.