El pueblo dividido por una macrogranja de cerdos
Las declaraciones sobre ganadería intensiva del ministro de Consumo, Alberto Garzón, han dividido España. Sucede también a más de 8.000 kilómetros de distancia, en México, en la Península de Yucatán, donde los criaderos porcícolas se multiplican poniendo en riesgo los ecosistemas y rompiendo la paz social
Un tranquilo paseo puede llegar a convertirse, como en el caso de Kinchil, en un problema vital para sus pobladores. A finales de 2018, durante la búsqueda de unas cabezas de ganado en una zona recóndita de la selva que rodea esta localidad de Mérida, en el estado mexicano de Yucatán, unos pastores descubrieron algo: unas mangueras ocultas por donde se vertían residuos provenientes de la granja de cerdos Kekén, del Grupo Kuo, situada entre los pueblos de Kinchil y Celestún, y que habían formado una laguna de agua verde y pestilente.
La empresa responsable aseguró mediante una nota de prensa que se trataba de un sistema de riego, pero esta explicación no convenció. Al menos no a personas como Alberto Rodríguez, apodado El Jaguar, destacado miembro del Consejo Maya del Poniente de Yucatán Chik’in Ja’, y protagonista del documental Laguna Negra, que narra la contaminación hídrica a través de los vertidos descubiertos.
Rodríguez aclara que un sistema de riego, además de innecesario en la selva, altera los ciclos de la flora y la fauna. El suelo de Yucatán es kárstico y filtra rápidamente el agua al subsuelo, donde se almacenan las reservas de agua dulce. El Jaguar calcula que se podían almacenar 82.000 litros de agua provenientes de la granja a diario, pero asegura que algunos de los trabajadores de Kekén con los que compartió sus estimaciones se rieron de él. “Eso es solo en la mañana. Los tanques rebosan, por eso se bombea día y noche”, asegura ahora.
La granja de Kinchil es un ejemplo de ganadería intensiva, aquella que acoge a miles de animales en una única instalación. Su pertinencia se ha discutido ahora a raíz de las declaraciones del ministro de Consumo español, Alberto Garzón, en contra de este modelo y de las enormes superficies donde se crían animales para consumo humano. Los datos de Greenpeace sobre las instalaciones de Kekén en Yucatán hablan de 70.000 hembras productivas, dos mataderos con capacidad de sacrificio diario de 5.000 ejemplares y una producción de 180.000 toneladas de carne de cerdo anuales que se exportan en su mayoría al mercado asiático.
En Yucatán hace tiempo ya que se generó una fractura social entre críticos y partidarios de este modelo comercial. En este caso, por el dilema entre la contaminación que provocan estos espacios con la generación de purines (excrementos líquidos) que van a parar a las reservas de agua que se emplea para la agricultura y el consumo humano. En el otro lado de la balanza, como beneficio, está el número de empleos que este tipo de negocios genera. Se trata de un debate sobre el que Kekén no se ha querido pronunciar (este periódico se ha puesto en o con la empresa en repetidas ocasiones).
El Consejo Maya al que pertenece El Jaguar fue fundado por 70 personas de diferentes comunidades que alzaron la voz a través de demandas ante el Gobierno del Estado, la Secretaría de Medio Ambiente (SEMARNAT) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), de las que aseguran no haber recibido respuestas. El activista acompañó a Greenpeace México durante la recogida de muestras que la ONG efectuó en la zona, aportanso datos sobre el grado contaminación de las aguas que han sido publicados en un informe sobre el impacto de la industria porcina en Yucatán.
Jorge Herrera-Silveira es doctor en Biología en el Departamento de Recursos del Mar del Cinvestav, en Mérida. Lleva décadas publicando estudios sobre el impacto de la descarga de aguas subterráneas en el lecho marino del Yucatán y cómo transporta contaminantes que deterioran el ecosistema costero. A su juicio, este sistema marino está muy influenciado por esos vertidos. “Las localidades como Celestún están incluidas en el llamado anillo de cenotes, en la zona de descarga, y tienen una influencia importante en la hidroquímica a lo largo de la costa”. En sus estudios denuncia cómo las actividades humanas han alterado el equilibrio de los ecosistemas, y ya en febrero de 2010 señalaba a las actividades de la industria porcina como principal aportador de nitratos al agua.
Alberto Velázquez pertenece, por su parte, a la organización Indignación, que asesora al Consejo Maya Chik’in Ja’ en sus acciones legales. El experto detalla cómo se utilizan los recursos hídricos en Yucatán, que posee una de las mayores reservas de agua dulce del continente. “La industria porcina necesita mucha agua para los cerdos, que tienen que estar constantemente mojados. Extraen muchos litros y aquí esa acción está muy poco regulada”. SEMARNAT y CONAGUA, la red hídrica estatal, dan permiso para su obtención, pero no tienen la capacidad para medir cuánto se extrae, ni se regula cuánta cantidad se inyecta al ecosistema.
En las dos últimas décadas, Yucatán incrementó notablemente su industria porcina para la producción de carne a gran escala. El Gobierno del Estado la ha incorporado a este sector como uno de sus ejes centrales en el plan de desarrollo, y este, a través del grupo Kuo, ha realizado millonarias inversiones en la península. Los trámites de los permisos de las empresas han sido herméticos, asegura Velázquez. Según el informe de Greenpeace, de las aproximadamente 300 granjas existentes en la región, tan solo 20 han ejecutado el estudio de impacto ambiental y en ninguna ha habido autoconsulta, aun estando ubicadas en territorio indígena. A simple vista, desde el mapa se observa que el grupo ecologista no exagera en cuanto a número de estas grandes superficies en la zona.
Según los datos que maneja Chik’in Ja’, tan solo en la finca de Kekén hay 10.000 cerdas que paren entre siete y doce gorrinos en aproximadamente diez embarazos durante su periodo fértil. Cada 24 horas pueden nacer unos 700 cerditos, 20.000 al mes. Son animales que necesitan agua para, sobre todo, mantener sus jaulas limpias. Los residuos o purines que generan estas instalaciones son tratados en biodigestores o tanques. Allí se procede a su limpieza para después ser reintroducidos en el ecosistema y para obtener fertilizantes.
El Jaguar cuenta que una vez que una cerda empieza a dar muestras de envejecimiento, comienza a parir crías más pequeñas que son directamente utilizadas para fabricar embutidos. Las madres son engordadas en un corto periodo de tiempo para, luego, ser sacrificadas y vender su carne en los mercados locales. “Ese es el beneficio que le queda a mi comunidad a cambio de que ensucien nuestra agua. Ni siquiera puedo consumir un producto de primera calidad, y tampoco puedo obtenerlo a un mejor precio”.
Problema adicional con la miel
Las instalaciones se encuentran, además, en una zona donde se dan hasta ocho variaciones de miel, por lo que los denunciantes advirtieron del peligro de esta finca para las abejas. Quizá para contrarrestar esta hipótesis, los propietarios del negocio porcino decidieron organizar su propia apicultura. Su miel orgánica ganó el segundo premio en una categoría del Primer Concurso Nacional de Miel Online, organizado por la Asociación Nacional de Médicos Veterinarios Especialistas en Abejas, Anmvea. Desde Chik’in Ja’ contestaron indignados que la miel que producían los mayas ancestralmente siempre había obtenido los primeros premios en cuanto a calidad hasta que llegaron ellos. Una de las normas para producir este producto de manera orgánica es que tiene que estar al menos a tres kilómetros de distancia de una granja de cualquier tipo. “Hasta esa ley van a violar”, critica Jesús Solís, uno de los integrantes del Consejo Maya.
Jose Luis Tzuc lleva años recogiendo el producto de sus colmenas en esta zona. “Tenemos que ser sensatos, no podemos echarles directamente la culpa”, sostiene. “Necesitamos un análisis detallado, pero a partir de que empezó la granja a funcionar hemos notado una caída del 30% en nuestra producción”.
La autoconsulta
La autoconsulta es un derecho de los pueblos indígenas que les permite decidir sobre procesos y proyectis de desarrollo en su territorio. Está reconocido en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ratificado por México en 1990.
Chik’in Ja’ apostó por no usar la vía Homun (el caso de seis menores de edad que pararon un proyecto similar en los tribunales alegando que contaminaba sus aguas) porque aquel proceso está atascado en los tribunales y porque en ese caso pudieron pararlo, ya que aún no se había metido a los cerdos. Para la organización, la autoconsulta es más efectiva, porque las leyes internacionales dicen que las comunidades indígenas deben ser interpelados ante cualquier gestión ambiental.
