Nunca ha sido tan urgente la financiación internacional del desarrollo

¿Financiación para el desarrollo? En este mundo convulso, podría parecer una agenda secundaria o postergada. Pero lo cierto es que nunca ha sido más urgente ni más relevante que hoy.

Del 30 de junio al 3 de julio, se celebrará en Sevilla la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo que ofrece una oportunidad histórica: redefinir las reglas del juego financiero internacional para construir un futuro más equitativo y resiliente para muchos países.

El primer borrador de documento, que guiará las discusiones en Sevilla, alerta sobre una realidad preocupante: la brecha anual de financiación para el desarrollo supera ya los cuatro billones de dólares. Esta cifra pone en evidencia la urgencia de movilizar recursos adicionales —tanto públicos como privados— que permitan acelerar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Pero más allá del diagnóstico, Sevilla debe ser el punto de partida para una transformación profunda del sistema financiero global.

Uno de los pilares de esta transformación es el fortalecimiento de los recursos públicos nacionales. En muchos países de bajos y medios ingresos, los sistemas fiscales siguen siendo débiles, lo que limita seriamente la capacidad del Estado para invertir en servicios esenciales. La diferencia es clara: mientras que en los países de altos ingresos los ingresos tributarios representan más del 35% del PIB, en los países de bajos ingresos apenas superan el 13%. Esta brecha fiscal se agrava por la evasión, la elusión y los flujos financieros ilícitos, que suponen pérdidas de hasta 800.000 millones de dólares anuales. También es clave integrar al sector informal, que representa el 58% del empleo global y en algunos países hasta el 90%. Fortalecer los sistemas fiscales, integrar la economía informal y empoderar a los bancos públicos de desarrollo debe ser una prioridad compartida.

Pero el Estado no puede —ni debe— actuar solo. El sector privado, tanto nacional como internacional, tiene un papel central en cerrar la brecha de financiación. Sin embargo, la inversión privada en los países en desarrollo ha disminuido drásticamente en la última década, en parte debido al auge del proteccionismo. En este contexto, es esencial facilitar la inversión extranjera directa, modernizar los sistemas financieros locales y sobre todo, reconocer el valor de las remesas, que en 2023 ascendieron a 656.000 millones de dólares (el triple que la Ayuda Oficial al Desarrollo, AOD). Reducir sus costos de transacción por debajo del 3% y promover su integración en estrategias de desarrollo debería ser una meta global para 2030.

En paralelo, urge revitalizar la cooperación internacional para el desarrollo. La AOD sigue por debajo del compromiso del 0,7% del ingreso nacional bruto, situándose en apenas 0,37%. En las últimas semanas y meses, Alemania, Bélgica, Estados Unidos, Francia, los Países Bajos, el Reino Unido y Suiza han anunciado recortes de su ayuda al desarrollo, siendo el caso más extremo el de Estados Unidos, con un cierre, temporal pero casi total, de sus actividades de cooperación. Frente a estas limitaciones, el marco Apoyo Oficial Total al Desarrollo Sostenible (TOSSD, por sus siglas en inglés) emerge como una potencial alternativa: más flexible, inclusivo y adaptado a los desafíos actuales, ya moviliza casi el doble de recursos que la AOD tradicional.

Los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD) movilizan alrededor de 160.000 millones de dólares anualmente, pero la necesidad de financiación estimada para el desarrollo sostenible se sitúa entre los tres y los cuatro billones al año, por lo que necesitan aumentar su capacidad de préstamo. La Cooperación Sur-Sur y los mecanismos innovadores de financiación también podrían complementar las estructuras tradicionales de ayuda.

La financiación climática también debe ocupar un lugar central en este nuevo pacto financiero. Sin recursos suficientes para adaptación y mitigación, los países más vulnerables seguirán pagando los costes de una crisis que no provocaron.

También es imprescindible repensar el comercio internacional como motor de desarrollo. Hoy, los países menos desarrollados representan solo el 1% de las exportaciones globales, a pesar de albergar al 14% de la población mundial. Aranceles desproporcionados, barreras no arancelarias y cadenas de valor excluyentes dificultan su integración. Reformar la Organización Mundial del Comercio, promover acuerdos comerciales justos y simplificar las regulaciones aduaneras son pasos esenciales para que el comercio se convierta en una herramienta efectiva de desarrollo sostenible. Algo muy difícil en el contexto actual.

A esto se suma el problema creciente de la deuda. Treinta países están ya en situación de sobreendeudamiento o en alto riesgo. Cuatro de cada diez personas en el mundo viven en países que destinan más al pago de intereses de deuda que a educación o salud. La arquitectura actual de la deuda es lenta, ineficaz y, en muchos casos, injusta. Reformar los mecanismos de reestructuración, aplicar principios de “comparabilidad de trato” y garantizar un alivio real son condiciones necesarias para liberar espacio fiscal y permitir inversiones en educación, salud e infraestructura.

La arquitectura financiera internacional también requiere una renovación profunda. Actualmente, los países desarrollados controlan el 60% de las cuotas del FMI, a pesar de representar menos de la mitad del PIB mundial y solo el 14% de la población. Esta falta de representación limita la capacidad de los países en desarrollo para incidir en las decisiones que más les afectan. Además, la brecha de género en la gobernanza económica sigue siendo inaceptable, con menos del 30% de mujeres en cargos altos en instituciones financieras multilaterales.

Por último, no hay desarrollo sostenible sin ciencia, tecnología e innovación. Según la teoría de la complejidad económica, el conocimiento es el mejor predictor económico en el medio plazo. Sin embargo, el 80% de la inversión en I+D se concentra en apenas siete países. La brecha digital, la falta de a la educación superior y la escasa financiación a las tecnologías emergentes dificultan que los países de bajos ingresos se beneficien de los avances tecnológicos. El recién firmado Pacto para el Futuro de la ONU apunta en la dirección correcta, al priorizar una economía digital inclusiva, la gobernanza de datos y el uso ético de la inteligencia artificial.

En resumen, Sevilla debe ser más que una conferencia: debe ser un catalizador de reformas. El mundo necesita un nuevo pacto financiero, uno que ponga en el centro a las personas, respalde a los países más vulnerables y garantice que la cooperación internacional esté al servicio del bienestar colectivo. Porque sin una financiación justa, el desarrollo sostenible seguirá siendo solo una promesa incumplida.