Los maestros rechazan la propuesta del Gobierno pero descartan boicotear las elecciones judiciales

Las negociaciones entre el Gobierno y los maestros de la Coordinadora Nacional (CNTE) vuelven a encallar dos semanas después de que el magisterio declarara la huelga nacional. Después de una reunión de cinco horas entre el sindicato y gran parte del gabinete de la presidenta, Claudia Sheinbaum, que incluía a los departamentos de Gobernación, Educación y Hacienda, el resultado es el mismo que a comienzos del miércoles: los maestros consideran insuficientes las propuestas del Ejecutivo, que ha puesto esta tarde sobre la mesa la posibilidad de rebajar la edad de jubilación un año por cada tres, y no solo congelarla, como había planteado hasta ahora, en la actual: 56 para las mujeres, 58 para los hombres. Aunque será la asamblea nacional quien defina este jueves la respuesta del sindicato, los representantes han anticipado que se trata de “paliativos” que no responden a las demandas centrales del gremio. Descartan, sin embargo, intervenir en las elecciones judiciales del domingo.

“No estamos en una posición de boicot”, ha dicho Pedro Hernández, portavoz sectorial de la Coordinadora, despejando cualquier duda. Al sindicato izquierdista no se le han pasado por alto los reproches de Sheinbaum en las últimas Mañaneras, en los que los ha acusado de alinearse con los conservadores por llevar su plantón el lunes a las puertas del INE, el organismo electoral encargado de los comicios. “No pueden plantear situaciones en las que se nos compara con la derecha”, ha agregado Hernández. Su compañera Yenny Pérez, de Oaxaca, ha empleado un tono mucho más duro y ha centrado la disputa en la cuestión de las afores, el blanco de las protestas. “Hoy nos queda claro que el Gobierno siempre seguirá beneficiando al sistema capitalista”, ha declarado en una rueda de prensa nada más finalizar el encuentro, que dejaba claro el descontento con los resultados obtenidos. “El Gobierno que se hace llamar de la Cuarta Transformación sigue beneficiando a las nueve empresas privadas que tienen el control de los recursos de los trabajadores”, ha añadido.

El sindicato se ha mostrado insatisfecho, pero no sorprendido. “Ya lo esperábamos, pero queríamos demostrar a la sociedad civil que hay diálogo, que hay voluntad política por parte de la Coordinadora”, apuntan desde la organización. El atasco de las negociaciones en el plano de las medidas ha desplazado la discusión a una batalla pública por ver quién logra dominar el relato y obtener la simpatía de la ciudadanía. El Gobierno invitó el martes “formal y públicamente” a los sindicalistas a volver a la mesa de diálogo, en un intento de desactivar la amenaza del boicot electoral y de forzar al magisterio a posicionarse sobre su disposición real al diálogo. Los maestros entraron al juego y han acudido a la cita con el mismo propósito, pero nada parece haber salido en claro del encuentro.

“No aceptamos este documento como lo último, lo válido o lo acordado. Planteamos una serie de dudas”, ha anunciado Hernández a la salida, que ha reiterado que serán las bases quienes discutan el contenido. Fuentes del sindicato afirman que sí han arrancado al gabinete el compromiso de renunciar a cualquier “represión istrativa”, es decir, de aplicar reducciones en el salario como consecuencia de las protestas, una preocupación en los contingentes más pequeños. Además de lo ya ofrecido por el Gobierno, se suma ahora la reducción de la edad de jubilación. Esta medida solo afecta a un cuarto del magisterio, aproximadamente, según apuntan en la Coordinadora: la parte que pudo quedarse en el sistema anterior cuando se aprobó la polémica reforma del ISSSTE de 2007, bajo el Gobierno de Felipe Calderón. No soluciona, por tanto, lo que atañe al otro 75% del gremio que quedó bajo el nuevo paradigma.

La ley cuestionada sustituyó el sistema de pensiones solidarias e intergeneracionales por el de cuentas individuales gestionadas por las Afores, las as privadas, y trajo una pérdida considerable de poder adquisitivo para los jubilados, que vieron sus pensiones mermadas hasta los 4.000 pesos en los casos más bajos, unos 200 dólares. Los maestros reclaman volver al modelo anterior, pero el Gobierno, que también es contrario a esa ley, insiste en que no hay presupuesto suficiente para hacer frente a una derogación total como la que solicitan, y ofrece a cambio una batería de propuestas que no supondrían un gasto tan grande del erario público.

De entre todas ellas, que incluyen una subida global de los salarios del 10%, hay una que atañe especialmente a las preocupaciones centrales del gremio: completar las exiguas pensiones de las cuentas individuales con el fondo de pensiones para el bienestar hasta alcanzar el salario medio del IMSS, unos 17.000 pesos actualmente, con los incrementos correspondientes a la inflación cada año. Otras propuestas, sin embargo, están lejos del problema central y para ellas también han tenido un mensaje este jueves los sindicalistas. “No demandamos una semana más de vacaciones, ni letras doradas en el Senado. Demandamos una pensión digna”, ha sentenciado la líder oaxaqueña.

La semana extra de descanso no estaba entre las demandas de la Coordinadora, pero la presidenta lo ofreció como una muestra de buena voluntad ante el magisterio, que no ha desplazado el objetivo de sus protestas en los últimos dos meses: derogar la ley del ISSSTE y volver a la gestión pública de las pensiones. El Gobierno ha ido vertiendo con cuentagotas diferentes propuestas cada semana, cesiones algunas pequeñas, otras más grandes, que suponen triunfos graduales para el sindicato pero que no terminan de dar en el punto clave. Este jueves, en el que se reunían después de dos semanas de declaraciones cruzadas, malentendidos y desencuentros, pretendía ser la jornada en la que por fin se consiguiera una tregua del magisterio, que ha respondido con una negativa continuada a los ofrecimientos del Ejecutivo. No parece que vaya a ser el caso. En el Gobierno guardan silencio y se preparan para el próximo asalto.