La jueza ordenó el pago de 15 millones de pesos a la asesora de Yasmín Esquivel por “atentar contra sus sentimientos” y su buena reputación

La profesora Martha Rodríguez ha pasado de maestra a aprendiz. La académica, que fue la asesora de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel, sigue ahora los pasos de quien fuese su estudiante y busca limpiar su nombre a golpe de sentencias judiciales. La jueza cuarta de lo Civil de Proceso Escrito en Ciudad de México, Flor de María Hernández Mijangos, ha dado a la asesora un triunfo magnífico y ha ordenado al exrector de la UNAM Enrique Graue y al exdirector de la FES Aragón Fernando Macedo que la indemnicen con 15 millones de pesos por haber “dañado su honor”. Esto es por haberle informado de una manera “insidiosa” sobre la investigación que pendía sobre ella y por haber comunicado públicamente que su contrato con la universidad había sido rescindido, lo que le provocó “vergüenza pública” y “depresión”. Para determinar la reparación del daño que merece Rodríguez, a la jueza le han bastado algunos diplomas de actividades académicas que le presentó la profesora, una receta médica en la que se registran sus achaques y el testimonio de dos exalumnos que la conocieron. La jueza Hernández no tomó en cuenta que la profesora asesoró al menos una decena de tesis con indicios de plagio, entre las que se encuentra la de la ministra Esquivel. La sentencia ha sido recurrida por Graue y Macedo, que de momento han ganado un balón de oxígeno.

Hay una batalla legal de la que no puede librarse la Universidad Nacional Autónoma de México. La ministra Yasmín Esquivel no olvida la bomba mediática que le estalló en diciembre de 2022 —a la que ella atribuye haber perdido la elección por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)— y la respuesta que tuvo su alma mater ante el escándalo. Cuando se dio a conocer que la tesis de licenciatura de Derecho que Esquivel había presentado en 1987 era igual a otra que había entregado un año antes otro alumno, Edgar Ulises Báez, la UNAM tomó varias acciones: encargó análisis preliminares, revisó su legislación y mandó llamar a la asesora de ambas tesis, Martha Rodríguez, para analizar su proceder. En los días posteriores, las facultades y el rector comunicaron públicamente que el trabajo que había presentado Esquivel tenía un 95% de similitud con el de Báez y que se había rescindido el contrato con Rodríguez. Lo que parecía entonces el protocolo habitual de una universidad ante una polémica que ponía en riesgo su prestigio se ha convertido en una batalla legal que no termina, incluso ahora, cuando Esquivel ya logró obligar a la universidad a sepultar el dictamen en el que se resuelve quién plagió hace 30 años.

La última ofensiva ha llegado por Martha Rodríguez. La profesora interpuso en agosto de 2024 una demanda civil contra Graue y Macedo por haber dañado su honor y reputación. “Obraron ilícitamente con malicia efectiva al haber realizado públicamente en diversos medios informativos, manifestaciones dolosas, falsas, carentes de veracidad e imparcialidad”, recoge la sentencia, a la que ha tenido EL PAÍS. La maestra pedía a los exfuncionarios de la UNAM retractarse de esas manifestaciones, abstenerse en un futuro de expresiones que puedan dañar su honor y el pago de una indemnización. Desde que se destapó el escándalo, Rodríguez y Esquivel han sostenido que la profesora presentó a Báez el trabajo de la ministra y que el otro alumno se adelantó en el tiempo para presentar antes su trabajo de titulación.

“Un daño psicológico que no necesita ser probado”

A lo largo de 60 páginas, la jueza Hernández ha argumentado por qué el “daño” a la profesora fue tan grave que amerita como compensación un pago millonario. La sentencia afirma que Graue y Macedo no debieron emitir juicios de valor sobre la asesora de Esquivel mientras el procedimiento istrativo en su contra estaba en curso. Concretamente, los exdirectivos afirmaron que la conducta de la profesora Rodríguez había lesionado gravemente el prestigio de la universidad. Una de esas comunicaciones, que la jueza define como “violenta”, “injuriosa” e “innecesaria”, no fue ni siquiera pública, sino que consistía en un oficio interno que el entonces director de la FES Aragón —facultad donde trabajaba Rodríguez como docente— envió a la profesora para que se presentara a una Audiencia de Investigación istrativa. Ahí Macedo escribía que la posible conducta de Rodríguez “habría trastocado los principios y fines esenciales de la Universidad”. Ese señalamiento, dice la sentencia, “constituye a todas luces un ejercicio abusivo de la libertad de expresión”, se trata de “opiniones personales” del director que se “excede en el ejercicio de su cargo”: “Lesionó una pluralidad de derechos en la parte actora, tales y como lo fueron sus sentimientos, integridad psíquica y honor”.

A Graue, la jueza le reprocha haber emitido unos lineamientos en 2019 —un “hecho ilícito” porque aparentemente tenía que haberlo hecho el Consejo de la Universidad”—, habérselos aplicado después a Rodríguez, y haber enunciado en un mensaje público el 20 de enero: “La FES Aragón de la Universidad Nacional ha rescindido el contrato de la maestra que fungió como asesora de ambas tesis”. Esa manifestación, Hernández lo considera también un ilícito porque “atentó contra el derecho al honor, tomando en cuenta a éste, como el bien jurídico constituido por las proyecciones psíquicas del sentimiento de estimación que la persona tiene de sí misma, atendiendo a lo que la colectividad en que actúa considera como sentimiento estimable”.

En conclusión, la juzgadora apunta: “Las opiniones efectuadas irrogaron un daño psicológico a la académica que no necesita ser probado, debido que las expresiones realizadas es evidente que atentan en contra de sus sentimientos y la consideración que tienen los demás sobre ella, dado que fue atacada directamente sobre conductas que ponían en duda su profesionalismo e intachable carrera como académica”. Todo esto provocó en la maestra una “sensación de vergüenza” que la obligó a aislarse y retraerse hacia ella misma. Como agravante, apunta la condena, el mancillamiento del honor de Rodríguez trascendió fronteras, pues hubo noticias sobre la profesora en medios internacionales, entre ellos, este periódico.

Una “intachable trayectoria”

La jueza Hernández afirma que, antes del daño que le ocasionaron Graue y Macedo, la maestra Rodríguez gozaba de una gran reputación académica. Durante el desahogo del juicio civil, Rodríguez presentó a la juzgadora elementos que probaban su “intachable trayectoria” dentro de la UNAM. Por ejemplo, los “numerosos” reconocimientos, cursos y diplomados que “denotan su compromiso profesional”. La jueza agrega que el propio Graue, siendo rector, le entregó a Rodríguez el premio Sor Juana Inés de la Cruz, otorgado a “las mujeres más destacadas de la docencia”, y que, incluso, la historia de la profesora fue recogida en un supuesto libro llamado La vie L’histoire, “donde es considerada una persona humana que se preocupa por los alumnos y que su prioridad es el desarrollo académico, señalándola como una joya que poseía la Facultad de Estudios Superiores Aragón”. La jueza indica que esas “pruebas” fueron objetadas por Graue y Macedo, pero ella decidió darles valor probatorio para acreditar las “cualidades morales y profesionales” de la maestra.

En ningún momento, la jueza entra a valorar que Rodríguez, que asesoró más de 500 tesis en sus 40 años de docente, había sido señalada por tener un modus operandi de plagio de tesis entre sus alumnos. En cambio sí valoró los testimonios de dos exalumnos que acudieron al juicio a hablar en nombre de la académica. Una de ellas, María Isabel Hernández Carrillo, declaró que las cátedras de Rodríguez y su trato a los alumnos eran “excelentes”, y que incluso la profesora le ayudó a hacer su propia tesis sin ser oficialmente su asesora. “Siempre le dejó claro que la responsabilidad de un tesista era investigar su tema y elaborar su propia hipótesis, demostrándola con una detallada investigación y razonamiento propio”, recoge la sentencia. El otro exalumno, Raúl Gerardo Cerón Domínguez, dijo que conoció a Rodríguez como oyente de sus clases, en las que se percató de que “su desempeño como maestra era bueno y tenía el reconocimiento de sus alumnos y de autoridades de la Facultad de Derecho”. Décadas después de esas clases, Cerón Domínguez se vería involucrado en un escándalo de corrupción en el ISSSTE, donde tenía un cargo directivo, en una contratación fraudulenta para proveer bienes al Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Los dos exalumnos declararon a la jueza que Rodríguez estaba deprimida y tenía un estado de salud con “gran deterioro” luego de que se “destruyó” su carrera “por cuestiones mediáticas”. Además, agregaron, la pérdida de su trabajo la dejó en un “deficiente estado económico”, lo que empeora el hecho de que la profesora arrastra padecimientos que requieren atención médica. Para reforzar este punto, Rodríguez presentó a la jueza un expediente clínico en el que consta que padece de rinitis, hipertensión, asma leve y glaucoma, y que utiliza una prótesis en la rodilla derecha. “De ahí que se debe tomar en consideración que la actora requiere atención médica continua para estar en posibilidad de gozar de una vida digna”, resolvió la jueza.

Hernández llega a la suma de 15 millones de pesos tomando en cuenta los 10 años que le calcula de esperanza de vida a la profesora, de la que primero señala que tiene 68 años y luego cambia a 70. La propia juzgadora escribe que esa cifra no es solo para “satisfacer el daño sufrido”, sino para “disuadir la conducta de los agentes a partir de una visión más que estrictamente punitiva, disuasoria” porque Graue y Macedo ejercieron “violencia psicoemocional, económica, laboral, docente, mediática contra las mujeres” contra la asesora.

La jueza sentenció que la suma millonaria se pagara en cinco días o, de lo contrario, ordenaría el embargo de los bienes de Graue y Macedo por el equivalente al monto de la indemnización. La UNAM ya ha salido en defensa del exrector y el exdirector de la FES Aragón y ha señalado que la condena es a todas luces desproporcionada. La casa de estudios ha sostenido que los exdirectivos no hicieron sino cumplir las funciones que les encomendaba la normatividad interna, y ha observado que tal desmesura esconde la intención de intimidar a la universidad.