Un juzgado de Madrid declara que la Policía Municipal “se extralimitó” en la “detención ilegal” de un migrante en Lavapiés

La noche del pasado miércoles, una plaza del madrileño barrio de Lavapiés, la de Nelson Mandela, y algunas calles aledañas, como Mesón de Paredes, se convirtieron en escenario de encontronazos entre la policía y grupos de jóvenes. El primer acto fue la identificación y registro rutinario de un pequeño grupo de jóvenes por parte de la Policía Nacional en la plaza. El segundo, una mediación en una riña en el mismo lugar. Ambos hechos derivaron en una situación de hostilidad hacia los agentes, que pidieron refuerzos. Se desplegó un dispositivo de unos 50 agentes y todo aquello terminó con la detención de cuatro personas ―dos guineanos, un senegalés y un español― y, según fuentes policiales, con cuatro agentes heridos leves.

Ahora, el Juzgado de Instrucción número 6 ha declarado que uno de los arrestos, el de un hombre de 26 años y de nacionalidad guineana, fue ilegal y que la Policía Municipal “se extralimitó en su actuar”, por lo que la noche del jueves ordenó su puesta en libertad. Además, en el auto la jueza no solo declara ilegal la detención, sino que ordena la apertura de un procedimiento para determinar si los agentes pudieron haber cometido un delito. Los hechos se produjeron cuando el hombre estaba grabando con su teléfono móvil la actuación conjunta de Policía Nacional y Municipal estaba desarrollando, en torno a las nueve de la noche, en la plaza de Nelson Mandela.

Cuando los agentes le pidieron que se identificara, aseguran que para prevenir el mal uso que pudiera hacer de las imágenes, esta persona no pudo hacerlo, por lo que le dijeron que tenía que acompañarlos a comisaría. En un momento dado, los agentes lo tiraron al suelo para inmovilizarlo y esposarlo, acción que lo dejó sin conocimiento.

En España, está permitido grabar a la policía mientras actúa en la vía pública, pero la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, la llamada Ley Mordaza, pone límites a la difusión de las imágenes que se graban, en casos en los que se pueda comprometer el éxito del operativo policial que se esté desarrollando o que permitan identificar a los agentes, lo que puede poner en peligro su integridad o la de sus familias.

Varios testigos de esta detención grabaron lo sucedido y, mientras el joven permanecía inconsciente en el suelo, comenzaron a increpar a la policía, afeándoles la violencia con la que se habían desempeñado y acusándolos de abuso de autoridad, al tiempo que reclamaban asistencia médica para el detenido que, finalmente, fue introducido en volandas y sin haber recuperado todavía el sentido en un coche patrulla.

Al examinar el caso, la jueza lo vio todo claro después de analizar la multitud de vídeos que sobre la detención se aportaron desde distintos ángulos y que fueron grabados por estos testigos presenciales, lo que demuestra la importancia de este tipo de grabaciones para, en caso de conflicto de versiones, poder contrarrestar la presunción de veracidad que la ley concede a la palabra de los agentes.

Pero esta persona no fue la única que fue detenida por grabar imágenes de la actuación policial en Lavapiés, si bien fueron puestos en libertad casi de manera inmediata al llegar a comisaría. No sucedió lo mismo con este joven, por cuyo estado de salud se preocuparon de la Fundación Raíces, organización privada sin ánimo de lucro para la atención a personas vulnerables.

Fue el detenido, de hecho, quien solicitó la asistencia jurídica de la Fundación Raíces, con la que tiene relación desde 2018, cuando llegó a España siendo menor de edad. Tras comprobar el jueves que se encontraba bien, esta organización lo ayudó a presentar un habeas corpus, recurso legal que permitió al detenido comparecer ante un tribunal para determinar lo legal o no de su detención, tras lo que el juzgado ordenó su liberación inmediata. Como consecuencia del arresto, el joven sufre una luxación de hombro, golpes por todo el cuerpo y contracturas que hacen que le cueste respirar, aunque no tiene fracturas graves, según Fundación Raíces.

Pero la detención de este joven guineano no fue la única acción controvertida llevada a cabo por los agentes el pasado miércoles en Lavapiés. Otra grabación muestra cómo unos policías nacionales inmovilizaron en la calle Mesón de Paredes a una persona que había estado grabando lo que sucedía en la plaza de Nelson Mandela. Tras quitarle su teléfono móvil, eliminaron distintas imágenes, algo que no pueden hacer y que es denunciable porque vulnera el derecho a la intimidad y a la protección de datos personales. En la grabación también se puede observar cómo los agentes obligan a esta persona a desbloquear su dispositivo y, solo después de que lo haga, lo dejan marchar.

Serigne Mbaye, vecino del barrio y secretario de Antirracismo de Podemos, ha recordado en redes sociales que llevan años denunciando “estas prácticas abusivas”, señalando, además, que son las “personas racializadas” las que más las sufren.