Cómo acoger solicitantes de asilo era un orgullo para Almeida y después un tapón para ayudar a las personas sin hogar de Barajas

Durante cuatro meses, desde febrero hasta la fecha, la polémica sobre las alrededor de 400 personas sin hogar que duermen cada noche en el aeropuerto de Barajas ha alimentado el debate político. Para el alcalde Almeida y la presidenta Ayuso se trataba al comienzo de ciudadanos sin papeles entre los que se encontraban un gran número de solicitantes de asilo y, por tanto, responsabilidad del Gobierno central. El debate ha cambiado porque no hay datos que avalen las tesis del alcalde de Madrid y la presidenta de la Comunidad. Una vez se superó esa teoría, el foco de los representantes del Ayuntamiento se dirigió a los demandantes de asilo que son atendidos en los recursos municipales de Emergencias. Un acogimiento del que se enorgullecía hace meses y que ahora se señalaba como el bloqueo que impedía ayudar a los de Barajas.

Lo que se ha deslizado es que estos solicitantes son un tapón, un bloqueo, y que si no tuvieran que atenderles podrían acoger a las 400 personas sin hogar del aeropuerto. Desde el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad se asegura que “el Ayuntamiento no tiene ninguna responsabilidad constitucional ni legal sobre la atención a estas personas y, por tanto, no debería dedicar ningún recurso a personas solicitantes de Protección Internacional de acuerdo al artículo 149.1.2º de la Constitución”.

La realidad es que para el Ayuntamiento de Madrid la ayuda que presta a los solicitantes de asilo no es ninguna novedad, ni algo que se ha visto obligado a hacer de forma improvisada y forzada, sino que forma parte de un plan reglado y estructurado al que ellos mismos se comprometieron hace años en un acuerdo de “colaboración bidireccional” con el Ministerio de Migraciones. Para ello se crearon centros que no existían, y se ha realizado una inversión de millones de euros. Concretamente son tres instalaciones: Las Caracolas, Vivero y Mejía Lequerica. Unos centros de acogida de los que el consistorio ha presumido en los distintos actos de inauguración o de renovación de sus contratos. Lo hacía con noticias publicadas en su página web como esta: “Nuevo contrato por 8,6 millones para el centro de emergencia ‘Las Caracolas’, que en 2023 acogió a 2.500 personas: En este equipamiento de acogida temporal se ofrece alojamiento y acompañamiento social a personas o familias en situación de emergencia social y a solicitantes de asilo”.

Según los datos ofrecidos por el Área de Servicios Sociales, actualmente tienen a 380 personas solicitantes de asilo. En la página web de cada centro se específica el número de plazas. En total, Madrid dispone de 368 plazas para solicitantes de asilo (120 en Las Caracolas, 128 en Mejía Lequerica y 120 en Vivero) En una ciudad de 3,27 millones de habitantes, habría solo 12 personas más de las que el sistema puede soportar. 12 personas que parecen colapsar la Red de Emergencias. “La cuestión no son las plazas, sino que el Ayuntamiento no debería dedicar ninguna a solicitantes de asilo porque no son su competencia”, se defienden desde el consistorio pese al compromiso adquirido y firmado.

El trasvase de solicitantes de asilo entre Ayuntamiento y Ministerio no parece funcionar pese al acuerdo. El consistorio alega que tienen que acoger a estas personas mucho más tiempo que el que deberían. De media, aseguran, son 131 días. Aun así, sus plazas ocupadas están casi al mismo nivel que las que tienen disponibles.

El perfil de Barajas: personas con más de seis meses en la calle

Para entender el funcionamiento de los recursos municipales en materia de sinhogarismo es preciso explicar que estos se encuentran divididos en dos tipologías: Emergencias y Urgencias. Ambos tienen carácter rotativo —entran y salen personas— y ambos están actualmente “llenos”. Así lo confirman desde el Ayuntamiento. Los recursos de emergencias tienen, de acuerdo a los datos ofrecidos por el consistorio, 630 plazas, de las cuales 380 serían las de los solicitantes de asilo mencionadas anteriormente. La red de emergencias está pensada para personas que se han quedado de forma repentina en la calle por una catástrofe, un gran incendio, o cualquier problema imprevisto como pudiera ser por ejemplo una pandemia. La permanencia en estos centros debería ser de corta duración.

Sin embargo, este perfil no es el perfil mayoritario en las personas sin hogar de Barajas. Según el censo de Mesa por la Hospitalidad el grueso de quienes pernoctan en el aeropuerto está en una situación cronificada de sinhogarismo y lleva más de seis meses en situación de calle. Por lo tanto, su atención no tendría por qué estar condicionada al estado de la Red de Emergencias —donde están los solicitantes de asilo—. Estas personas en situación de calle prolongada en el tiempo tienen que acudir a los recursos de Urgencia, como por ejemplo los albergues municipales, centros de día o residencias. Aquí, según el Ayuntamiento, hay 1.200 plazas, que también están llenas la mayoría de los días pese a no haber ahí ningún solicitante de asilo. En total, la ciudad de Madrid tiene unas 1.830 plazas entre Emergencias y Urgencias. Esos 380 solicitantes de asilo representan únicamente el 20% del total y ocupan unos recursos que no interfieren con aquellos que no han sufrido una emergencia sino que son población asentada en la calle desde hace meses o años.

En su última declaración sobre el sinhogarismo en Barajas, Martínez Almeida se olvidó al fin de los solicitantes de asilo. En un tono mucho más conciliador aseguró lo que hasta ahora no había hecho. “A pesar de las discrepancias que tenemos entre AENA y el Ayuntamiento de Madrid, es obvio que hay una situación social que tenemos que ser capaces de solventar. Les hemos trasladado que, por supuesto que el Ayuntamiento de Madrid esta en condiciones de ofrecer una solución a todas las personas que están en estos momentos en el aeropuerto de Barajas. Tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos”, manifestó.