El Gobierno de coalición se dispara en el pie con balas israelíes

La noticia de que el Ministerio del Interior ha formalizado la adjudicación a una empresa israelí de un contrato de 6,6 millones de euros por 15 millones de balas para la Guardia Civil, adelantada por la Cadena SER, ha desatado una tormenta sin precedentes entre el PSOE y Sumar. Es probable que la irritación del socio minoritario del Gobierno no hubiera sido tan aguda si el día anterior no hubiese tenido que tragar con un plan para aumentar en 10.471 millones de euros el gasto militar y llegar al 2% del PIB este mismo año. Podemos, que disputa a sus antiguos compañeros de candidatura el voto a la izquierda del Partido Socialista, ha olido sangre y se ha lanzado a degüello. En el caso de las balas se mezcla, además, la participación de Israel, cuyo Ejército ejecuta desde hace año y medio, ante la pasividad del mundo, una masacre indiscriminada en Gaza que se ha cobrado ya más de 51.000 vidas, en su mayoría mujeres y niños.

El Gobierno ha asegurado reiteradamente que desde el 7 de octubre de 2023, cuando el ataque terrorista de Hamás desencadenó la actual escalada, no se ha autorizado el envío de armamento a Israel. Quedaba la duda de si se entregó lo autorizado antes de esa fecha. Cuando en marzo pasado, con 10 meses de retraso, el Gobierno remitió al Congreso las estadísticas sobre exportaciones de material de defensa y doble uso, se comprobó que, de junio de 2023 a diciembre de 2024, se suministraron equipos de defensa a Israel por valor de casi 50 millones.

No obstante, la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, aseguró días después ante la Comisión de Defensa del Congreso que se trataba de envíos temporales para su reparación o reexportación a terceros países y que no se había autorizado ninguna venta con destino final a Israel. Además, recordó la prohibición de hacer escala en puertos españoles de buques con armas para Israel, lo que le ha valido a España la apertura de un expediente sancionador por la agencia marítima de EE UU. Sus explicaciones parecieron convencer a todos los grupos, aunque persiste la duda de si se hizo la vista gorda con el tránsito por vía aérea de equipos militares estadounidenses.

Vetar la exportación de armamento español es relativamente fácil, ya que cada operación debe ser autorizada por una junta interministerial que preside Comercio. Las licencias se conceden caso a caso y la ley sobre control de la exportación de material de defensa y doble uso, de 2007, prevé que se denieguen cuando puedan perturbar la paz o usarse para vulnerar derechos humanos, entre otras razones. Si se quiere evitar un conflicto diplomático, basta con dar la callada por respuesta y no tramitar la autorización.

La compra de las balas para la Guardia Civil no está regulada por esta ley, sino por la de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y la seguridad, de 2011. Su artículo 2 menciona expresamente “el suministro de armas y municiones destinadas al uso de las Fuerzas, Cuerpos y Autoridades con competencias en seguridad”.

La ley prevé que determinadas empresas puedan ser vetadas en una licitación, pero no alude al respeto a los derechos humanos o a la existencia de un conflicto en el país de origen como criterios de exclusión, sino a motivos como haber sido condenado o sancionado o no haber podido acreditar la fiabilidad o solvencia técnica y profesional. La norma también prevé que puedan adjudicarse contratos por el procedimiento restringido o negociado, según el cual se invita solo a algunos licitadores a participar en el concurso. Pero esta selección debe basarse en criterios objetivos, acordes con la normativa vigente, pues de otro modo los adjudicadores podrían incurrir en un delito de prevaricación, según fuentes jurídicas.

El 10 de abril de 2024, en el pleno del Congreso, el presidente Pedro Sánchez le respondió al portavoz de ERC Gabriel Rufián: “Quédese tranquilo que, desde el 7 de octubre, España no desarrolla ninguna operación de compraventa de armas con Israel, ninguna. Eso quiero que lo tenga usted claro para que también lo tenga claro el conjunto de la ciudadanía española”. EL PAÍS preguntó entonces a La Moncloa si eso significaba que España ampliaba a la compra de armas de Israel el embargo ya anunciado para la venta. No obtuvo respuesta.

Cuando, en octubre de 2024, se conoció la adjudicación a una empresa israelí del contrato de las balas, el titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en nombre de los ministros de Sumar, pidió a su colega de Defensa, Margarita Robles, la “cancelación inmediata” de las compras de armas a Israel y no solo las ventas. Robles le respondió en una carta en la que aseguraba que “no se ha vendido ni adquirido armamento al Estado de Israel desde el 7 de octubre” de 2023, y añadía que “las licencias de exportación temporal pendientes no corresponden a armas, sino a repuestos, y en este momento están paralizadas”.

La misiva de Robles hablaba del “Estado de Israel”, no de sus empresas, ni tampoco de filiales españolas de firmas israelíes o de productos de compañías españolas con tecnología israelí. Lo cierto es que las Fuerzas Armadas tienen importantes programas vinculados a la industria militar de Israel y, hasta ahora, no consta que se hayan visto afectados por este supuesto embargo. Es el caso de los misiles antiaéreos Spike (287 millones de euros), los designadores láser de los cazas (220 millones), la radio táctica del Ejército de Tierra (340 millones) o el lanzacohetes SILAM (714 millones).

En total, son decenas de contratos, por un valor conjunto superior a los 1.000 millones de euros, los que Defensa tiene en distintos grados de tramitación en este momento. Renunciar a la tecnología israelí en todos estos programas, algunos incluidos en el plan aprobado este martes por el Gobierno, obligaría a buscar suministradores alternativos, lo que en muchos casos no es posible y en todos los encarecería y demoraría su entrega. Fuentes de Defensa alegan que el desarrollo del lanzacohetes Silam se firmó con las compañías Escribano y Expal (propiedad de Rheinmetall) y “podría incluir un componente tecnológico bajo licencia de la israelí Elbit, hoy no sustituible”; mientras que el programa Spike lo desarrolla la compañía Pap-Tecnos, que tiene como “proveedor tecnológico es la israelí Rafael, hoy no sustituible”. En cambio, Defensa subraya que la licitación del Programador M339 Setter espoleta 120 mm “fue paralizada el 26 de noviembre al comprobar que la empresa a la que podría adjudicarse era la Israelí IMMY”.

El presidente Pedro Sánchez ha ordenado deshacer el contrato de los 15 millones de balas y así dar satisfacción a Sumar. Técnicamente puede no ser fácil ni pacífico, ya que la empresa israelí amenazó a Interior con presentar una demanda si daba marcha atrás y la Abogacía del Estado advirtió de que podría tener que abonar una fuerte indemnización sin recibir a cambio la munición que necesita la Guardia Civil. El truco de publicar la adjudicación en plena Semana Santa para que nadie se enterase no funcionó.

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Yolanda Díaz: "Estamos trabajando para la anulación de este contrato"

Sin embargo, este contrato es solo una anécdota. Lo relevante es si el Gobierno decreta formalmente un embargo a la compra de armas a Israel y cuáles son sus límites. Hay razones en contra (las balas importadas por España no se disparan contra los palestinos) y razones a favor (estos contratos fortalecen a la industria militar israelí). Pero una medida de este tipo requeriría una reforma de la ley de 2011 o, al menos, un acuerdo expreso del Consejo de Ministros. Los órganos de contratación de los distintos ministerios, o incluso de las policías autonómicas y municipales, por no mencionar a las empresas privadas de seguridad, no se pueden basar en meras declaraciones verbales, más o menos ambiguas, para excluir a una empresa de un concurso público. Sumar, que está en el Gobierno, puede reclamar que se tome de manera formal esta decisión, si es que el asunto va en serio.