Detenido un secretario judicial de Marbella por robar 17 millones de euros en criptomonedas

Nacido en Países Bajos y con solo 24 años, había sido capaz de estafar a organizaciones criminales y hacerse con una fortuna valorada entonces en 17 millones de euros en criptomonedas. Tras su detención, el 16 de septiembre del año pasado, la Policía Nacional guardó aquellas carteras digitales y sus claves en un sobre que quedó bajo custodia judicial. La sorpresa fue que, tres meses más tarde, cuando desde la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) fueron a monetizar los activos, los monederos estaban vacíos. Alguien se había quedado con el dinero. Una investigación ha desvelado que el responsable ha sido un secretario judicial del juzgado de Marbella, en Málaga, que ha sido arrestado. Tras ser apartado de sus funciones, ha sido acusado de los presuntos delitos de malversación cometido por funcionario público y de infidelidad en la custodia de documento público.

La Operación Geld fue un éxito para la Unidad de Cibercrimen de la Policía Nacional porque lograron dar con el chaval neerlandés, que residía en Marbella y al que consideraban “ciberestafador al servicio de las mafias”, según fuentes de la investigación. Fue una compleja operación que se desarrolló durante seis meses significativa, también, por la cantidad de criptomonedas recuperadas: significó la mayor incautación jamás lograda en España. Los activos digitales —procedentes de timos a todo tipo de personas, también narcotraficantes— tenían inicialmente un valor de 13 millones, pero cuando se produjo el arresto ya habían aumentado a 17 millones.

Las carteras recuperadas, junto a sus claves, eran el elemento más sensible de todo el trabajo policial: una sin la otra no servía para nada y, juntas, permitían recuperar una importante cantidad de dinero. Por eso las contraseñas se guardaron en un sobre cerrado y sellado que quedó bajo custodia judicial durante tres meses y, después, fue enviado a una cámara acorazada en Madrid. El al material era prácticamente imposible y estaba muy vigilado porque los investigadores ya alertaban de que podía ser un caramelo para delincuentes. “Hoy se mata por 30.000 o 50.000 euros. Imagina lo que se puede hacer por tantos millones de euros”, relataba entonces uno de los policías que había participado en la operación.

Un funcionario como sospechoso

De alguna manera, acertó. Porque cuando en enero de este año el equipo de la ORGA fue a cambiar esos activos en euros por orden judicial, las carteras digitales estaban prácticamente vacías. Alguien se había hecho con el dinero durante el tiempo que el material incautado había permanecido bajo custodia. Para conocer quién, arrancó entonces una investigación en la que, lo primero que se hizo, fue analizar el sobre que contenía las claves. No se encontraron huellas diferentes a las de las personas que, de manera legítima, habían podido acceder a él como parte de su trabajo.

Ellos eran entonces los principales sospechosos, hasta que los investigadores apuntaron principalmente a un secretario judicial por dos motivos. Por un lado, porque el funcionario se definía como “criptoinversor” y había comprado recientemente una billetera de criptomonedas para guardar sus contraseñas privadas. Y, por otro, porque el empleado —que estaba realizando una sustitución— había demorado la llegada del sobre a Madrid para ganar tiempo y perpetrar el robo. De hecho, la Policía Nacional cree que lo realizó cuando las claves ya estaban en Madrid en poder de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos con la idea de que hubiera más posibles implicados y pudiese salir indemne de las pesquisas policiales.

No lo consiguió, porque con la información obtenida los agentes decidieron registrar de manera simultánea tres localizaciones donde creían que el hombre podía haber escondido las claves de las carteras digitales con todo el dinero. Las localizaron bajo el marco de una puerta, en una bola de papel donde el delincuente había apuntado doce palabras que, como se pudo comprobar después, daban a los monederos digitales donde se encontraban las criptomonedas robadas que, de nuevo, han vuelto a custodia judicial.

El secretario judicial formaba parte de la bolsa de trabajo en la que licenciados en Derecho podían aspirar a realizar estas tareas en órganos judiciales. Fue llamado para sustituir a la letrada de la istración de justicia del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella que se encontraba realizando una comisión de servicio en Madrid. Desarrolló su labor en el Juzgado número 1 en el periodo entre el mes de octubre de año 2023 y todo el año 2024 hasta la reincorporación de la letrada titular. “Era la primera vez que ejercía estas funciones en un órgano judicial, aunque sí trabajó como gestor istrativo”, explican fuentes judiciales.

El pasado 9 de abril el juzgado de guardia de Málaga le tomó declaración y, tras prestar su testimonio, acordó su libertad provisional con la medida cautelar de suspensión de sus funciones en el órgano judicial y acusado de la presunta comisión de un delito de malversación cometido por funcionario público y de infidelidad en la custodia de documento público. El juzgado también ha elevado una petición al Ministerio de Justicia para que el investigado sea definitivamente expulsado o cesado de la Bolsa de Trabajo de Secretarios Judiciales Sustitutos. La causa está en manos del juzgado de Instrucción número 4 de Marbella.