El PP justifica su apuesta por alargar las centrales nucleares en la nueva geopolítica mundial

El PP registró este viernes en el Congreso, con la sensación de máxima urgencia, una proposición de ley para alargar la vida útil de las centrales nucleares en España que tienen un final ya programado desde 2027 a 2035. La senadora y vicesecretaria del PP de Desarrollo Sostenible, Paloma Martín, justificó esa posición en la necesidad de “garantizar la autonomía estratégica” ante “el actual escenario geopolítico” mundial que, entiende, obliga a “redefinir prioridades y reaccionar”. El equipo de Alberto Núñez Feijóo sostiene que su postura en favor de prolongar las vigencia de las centrales nucleares en España es “coherente con la forma de pensar y actuar” de ese partido. El PP avanza que “confía” en poder negociar esta proposición de ley con todos los grupos menos con EH Bildu, el PSOE incluido, y especialmente con las formaciones independentistas catalanas ERC y Junts, porque antes respaldaron otras iniciativas sobre ese asunto y porque varias de las centrales afectadas están asentadas en Cataluña. Sin embargo, los populares iten que por ahora no tienen ningún apoyo.

La senadora y vicesecretaria de Sostenibilidad del PP compareció en el Congreso para formular todo un alegato sin tapujos ni ambigüedades en favor de las centrales nucleares y para arremeter contra los planes y el calendario de cierres aún en vigor del Gobierno, acordados en el plan de 2019 con las tres grandes operadoras de esas centrales. Paloma Martín ensalzó la energía nuclear como “limpia, estable, competitiva, flexible y barata” y la catalogó como imprescindible y sin alternativas “en el actual escenario” ante los acontecimientos que han sucedido recientemente y que enumeró: la pandemia, la guerra de Ucrania y la política arancelaria de Donald Trump.

El PP se armó de datos para justificar esa adhesión a la energía nuclear. Martín esgrimió que hay 103 reactores operativos y tres en construcción (Eslovaquia y Francia) dentro de la Unión Europea, que facilitan el 26% del consumo, y remachó con el mensaje de que en España las centrales operativas aportan al sistema el 20% de la energía necesaria para no llegar a una fase que etiquetó como de ”desastre sin paliativos” y de “riesgo de apagón del suministro” si el Gobierno actual continúa con su plan de cierre, que cree que obedece solo por razones “ideológicas”.

La ley del PP, que inicia ahora su periplo parlamentario, consta de cuatro artículos y cuatro disposiciones que profundizan en los planes que Feijóo llegó a presentar en un documento a Pedro Sánchez en 2022 cuando le visitó en La Moncloa y que luego se plasmaron en su programa electoral de 2023. En febrero pasado, el PP tramitó una proposición no de ley para instar al Gobierno a olvidarse del programa de cierre y que salió adelante con el apoyo de Vox y la abstención clave de Junts y ERC. En marzo, el Parlamento de Cataluña aprobó una declaración en sentido contrario instando al Ejecutivo central a acometer el “cierre ordenado” de las plantas como estaba previsto y esa propuesta fue respaldada por PSC, ERC, Comuns y la CUP y rechazada por el PP, Vox y Aliança Catalana. Junts se abstuvo.

Presión de la patronal

Cataluña, donde hay dos centrales en Ascó y Vandellós, es uno de los puntos calientes de este conflicto en el que la patronal de esta comunidad, Foment del Treball, se ha posicionado activamente en contra del cierre. La portavoz del PP apuntó que “confían” en sumar a los partidos más sensibles de los territorios con centrales a sus tesis, pero concedió que aún no han iniciado siquiera esos os ni tienen ningún respaldo asegurado. Martín señaló que desde ahora hablarán con todos menos con EH Bildu y reiteró el argumentario de otros representantes del PP en la Cámara baja para poner en duda que la presidenta de las Cortes, la socialista Francina Armengol, pueda meter esa proposición en un “cajón” para que no se debata en ponencia y comisión, para lo que no hay fecha prevista.

La proposición que presenta ahora el PP llega tras meses de intensa presión del sector pronuclear en contra del cierre de las cinco centrales de este tipo que hay en España y con un debate que aumenta en decibelios a medida que se acerca el momento en el que el primero de los dos reactores de la más viejas de las plantas, la de Almaraz, en Cáceres, debe dejar de producir energía. En noviembre de 2027 se debe desconectar en virtud del calendario de cierre de todas las centrales pactado entre las grandes compañías eléctricas, propietarias de las plantas, y la empresa pública que gestiona los residuos radiactivos, Enresa. El segundo reactor de Almaraz se apagará un año después. Luego, se irán cerrando el resto de centrales progresivamente. La clausura de la última, la de Trillo, será en 2035, siempre según lo pactado entre las eléctricas y Enresa.

Ese calendario fue acordado en 2019, pero el sector pronuclear, con el apoyo de PP y Vox, lleva años asegurando que debe ser modificado para que las centrales sigan operativas más allá de lo pactado. Las compañías eléctricas, con Iberdrola y Endesa a la cabeza, también se han mostrado favorables a seguir operando esas plantas en los últimos meses.

El Ministerio para la Transición Ecológica en su planificación energética sigue contando con que el calendario de cierre de las plantas se va a cumplir y que las renovables y el almacenamiento cubrirán el hueco que deje la nuclear. Y argumenta que las compañías, a pesar de lo que declaran públicamente, no han presentado aún una propuesta concreta para cambiar el calendario o, en lo más inminente, para aplazar el primero de los cierres, el de Almaraz.

Tensiones con las eléctricas

Más allá de posiciones ideológicas el problema de fondo es de costes, porque las eléctricas quieren que se le rebaje la fiscalidad y las tasas que pagan a Enresa por la multimillonaria gestión (más de 20.000 millones de euros) que debe hacer de sus residuos radiactivos y del desmantelamiento de las plantas cuando estas cierren. La normativa establece que esos costes deben asumirlos las propietarias de las centrales y no trasladarse a las generaciones futuras. La ley que patrocina el PP no cambia ese aspecto, pero sí apunta a que si la vida de las centrales se alargara con la supervisión del Centro de Seguridad Nuclear (CSN) otros 10 años entonces también habría que revisar su tributación. La portavoz popular lo que sí remarcó es que en su norma se incide en que el Gobierno podría obligar a las operadoras que rechacen mantener las centrales activas si el CSN así lo considera necesario, aunque rechazó denominar esa solución una “nacionalización”.

La proposición del PP también llega en un momento de tensión entre el Gobierno y las eléctricas, precisamente, a cuenta de lo que deben pagar las compañías por la gestión de los residuos. Tras actualizar el plan nacional de residuos radiactivos, cuya última versión databa de 2006, el Gobierno incrementó el año pasado un 30% la tasa que deben abonar las eléctricas a Enresa. Y las compañías han abierto una guerra en los tribunales contra ese incremento. Iberdrola, por ejemplo, ha presentado ya una reclamación de 324 millones de euros contra Enresa por este motivo.