El Gobierno dará luz verde al PERTE de vivienda el martes

El Gobierno aprobará el próximo martes en el Consejo de Ministros el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de vivienda industrializada, según ha confirmado este viernes la ministra de vivienda y agenda urbana, Isabel Rodríguez, durante una visita oficial a los terrenos donde se construirá el núcleo operativo del plan: la denominada “ciudad de la industrialización de la construcción”, en Valencia. La idea es que el proyecto se publique en el Boletín Oficial del Estado un día después y entre en vigor el jueves.

El anuncio pone fecha definitiva a una iniciativa gestada en enero como parte de un paquete de 12 medidas para impulsar la vivienda asequible y paliar la falta de oferta. Se trata de una apuesta estratégica del Ejecutivo, según ha insistido la ministra un día después de que el presidente, Pedro Sánchez, oficializara la puesta en marcha del plan. “Este PERTE nos permitirá construir más viviendas, hacerlo mejor, más rápido y con precios más asequibles”, ha insistido Rodríguez, flanqueada por la titular de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y la directora general de SEPES (Entidad Pública Empresarial de Suelo, dependiente del Ministerio de Vivienda), Leire Iglesias. Su presencia se explica porque la sede del programa estará en suelo titularidad de dicha entidad.

A diferencia de otras iniciativas similares en el sector de la automoción o las energías renovables, este PERTE se caracteriza por su fuerte anclaje territorial. Llevarlo a Valencia es un gesto con el que el Gobierno quiere mostrar su compromiso con la reconstrucción de las zonas afectadas por la dana del pasado octubre. Así lo ha reconocido este viernes la ministra al insistir en que “si hemos de construir en toda España y es acuciante resolver el problema de la vivienda, aquí [Valencia] ese es un dolor adicional que debemos de priorizar”.

El PERTE, dotado con una inversión pública de 1.300 millones de euros a desplegar en los próximos diez años, busca transformar el modelo productivo de la edificación. Se trata de industrializar la construcción, con estándares de sostenibilidad, eficiencia y escalabilidad, para superar el cuello de botella que supone hoy el modelo tradicional, que es más lento y caro. Ese giro se apoya en un enfoque tripartito: innovación tecnológica, eficiencia energética y desarrollo territorial. En el corto y medio plazo se prevé la construcción de unas 15.000 viviendas anualmente hasta alcanzar las 20.000 unidades en los próximos 10 años. En términos financieros, se pretende que los fondos públicos se canalicen de tal forma que permitan apalancar inversión privada, es decir, movilizar varios millones adicionales que provengan de las empresas.

El Gobierno confía en que este modelo reduzca significativamente los plazos de edificación gracias al uso de componentes prefabricados, procesos automatizados y planificación modular, lo que permitiría absorber una parte del déficit de vivienda existente, especialmente en entornos urbanos tensionados. El ahorro de costes y el menor impacto ambiental también son piezas clave del enfoque.

El anuncio llega en un momento políticamente sensible. El a la vivienda sigue siendo una de las principales preocupaciones sociales, y aunque la Ley de Vivienda aprobada en 2022 marcó un hito regulador, sus efectos en el mercado inmobiliario han sido limitados ―en parte porque su ejecución depende de las comunidades autónomas―. El PERTE aparece así como otro de los movimientos complementarios que el Gobierno está desplegando para atacar el problema, en este caso desde la parte productiva.

“Necesitamos transformar la forma de construir para mejorar nuestra forma de vivir, porque la dimensión del desafío lo exige. Acceder hoy a una vivienda digna en condiciones asequibles es un sueño imposible para millones de personas. Lo es en España y también en la Unión Europea. Por eso tenemos que actuar con decisión en todos los poderes públicos”, señaló el presidente del Ejecutivo el jueves durante la presentación del programa en la feria Rebuild.

Sánchez aprovechó su asistencia a este encuentro centrado en la edificación para poner sobre la mesa otra reivindicación sectorial: la modificación de la Ley del Suelo, que sigue bloqueada en el Congreso. “Es una demanda de muchos colectivos y cuenta con el respaldo del sector y de las comunidades autónomas, incluso de aquellas que son gobernadas por el principal partido de la oposición”, dijo frente a un auditorio repleto de promotores, tecnológicas y representantes de las istraciones públicas. Con estas palabras, el presidente no solo evidenció que la reforma urbanística es el siguiente gran objetivo en su agenda en materia de vivienda, sino que también buscó aumentar la presión sobre sus principales socios parlamentarios, responsables del actual atasco a la iniciativa.