El acusador inquisidor

Nadie discute que aquel que instruye o investiga no puede juzgar. No es ocioso plantearse si el que investiga puede acusar sin disminuir las posibilidades de defensa. La implicación de la policía y del ministerio fiscal en las tareas acusadoras impide que se les pueda confiar atribuciones que lleven aparejada la posibilidad de trastocar una regla de oro del sistema democrático: la igualdad de armas de la acusación y la defensa. La injusticia, la indefensión y la discriminación están servidas. Aquellos que disponen de medios económicos podrán impulsar, al máximo, sus posibilidades de defensa. Los desfavorecidos estarán en franca inferioridad al no disponer de dinero para procurarse pruebas de descargo.
El posible sustituto que se nos ofrece no tiene ni independencia ni inamovilidad