Ecuador pide perdón a los afrodescendientes víctimas de esclavitud moderna de Furukawa

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“Esta planta nos esclavizó por muchos años, murió mucha gente, muchos familiares, queremos justicia y reparación. La empresa se hace la sorda. Nos estamos muriendo. Furukawa nunca más”, levanta la voz una de las víctimas de esclavitud moderna, mientras uno de sus compañeros entrega a los ministros presentes un tronco grueso de abacal, la materia prima por la que fueron explotados generaciones de afroecuatorianos. Las disculpas públicas del Estado ecuatoriano a los empleados de la empresa exportadora de abacá se dieron a medias: nunca mencionaron que la esclavitud fue motivada por el “origen afrodescendiente” de los trabajadores y el “racismo estructural” en Ecuador, como sí citaba el fallo histórico.

El 5 de diciembre, el máximo tribunal emitió un fallo sin precedentes en el país, que confirmaba que durante más de 50 años la empresa había llevado a cabo sendas violaciones a los derechos humanos que constituían prácticas análogas a la esclavitud. Trabajo infantil, condiciones insalubres, explotación laboral… Además de apuntar a un Estado ausente y a una empresa que se lucró por décadas a costa de esta baratísima mano de obra, la Corte exigió un amplio abanico de medidas de reparación que empezaban por este evento de perdón público, llevado a cabo este sábado. Era una oportunidad para que Estado mirara a los trabajadores a los ojos y entonara el mea culpa. Pero para muchos de los afectados, quedó en un evento agridulce y superficial.

Camisetas con la frase Furukawa nunca más, carteles exigiendo justicia y cuerdas hechas de abacá cuelgan sobre el cuello de algunos de los 342 trabajadores que esperaban a las disculpas públicas en la Plaza Grande, un sitio histórico en el centro de la capital ecuatoriana. Nunca llegaron, al menos no como esperaban. Que estuvieran allí tenía un peso simbólico: en el corazón político del país, frente al Palacio de Carondelet y junto al monumento que recuerda la libertad, esa que los extrabajadores que fueron esclavizados durante seis décadas por la firma japonesa no conocieron.

Las autoridades entregaron placas a las víctimas que estaban en la primera fila. Mientras todos gritaban “nunca fueron a conocer una plantación” y se elevaban pancartas con la leyenda: “No pedimos un regalo, solo pedimos reparar a los que quedaron con vida y no es vida total. Mutilaron esperanzas”. “El Estado hizo oídos sordos” a la esclavitud moderna, sentenció la Ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, durante su discurso. Pero, en ningún momento, mencionó algo clave: la palabra “racismo”, pese a que, como reconoció la sentencia, es la causa estructural de la esclavitud de los agricultores de la empresa abacalera. Más del 80% de la plantilla de la empresa eran personas racializadas y, la mayoría, analfabetos. Núñez declaró el 31 de mayo como el Día de los Trabajadores de Furukawa y pidió un aplauso para “la generación que ha luchado”. Tras las palabras, una de las mujeres cuestionó esas disculpas: “Gracias por las disculpas, pero creen que con las disculpas sanan las heridas, se reviven los muertos”.

“Hay un cumplimiento parcial de las disculpas públicas”, zanja Alejandra Zambrano, abogada de Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu). “No se hizo mención del racismo, la mayoría pertenece al pueblo negro, no se ha hecho un reconocimiento al pueblo negro por la violación de sus derechos”, apunta Zambrano. “Queríamos escuchar unas disculpas en la que se hagan responsables de lo que nos pasó a nosotros”, dice una mujer que fue esclavizada desde los 11 años y que prefiere no dar su nombre. “A pesar de que tenemos más de seis años en esto [el proceso judicial], no hemos visto un cumplimiento. Hay compañeros que han nacido y envejecido en Furukawa. Algunos ya no están porque fallecieron”, cuestiona. Al menos nueve empleados fallecieron como consecuencia directa o indirecta del maltrato.

La justicia que no llega

La justicia, la que restaura derechos, aún no ha llegado y eso lo tiene claro otra mujer que vivió en los campos por más de 20 años. Las víctimas no quieren dar su nombre porque tienen miedo que, si llega la reparación económica, puedan convertirse en víctimas de extorsión en un país que se ha convertido en el tercero más violento de la región y entre los tres primeros con mayor cantidad de desplazados internos por el crimen. “¿De qué vale que el Estado nos dé las disculpas públicas mientras nosotros seguimos esperando la primera reparación [económica]?”, dice con voz enérgica. “La empresa sigue logrando lo que quiere, sigue ganando, se sigue burlando”.

Las disculpas públicas son un paso más, pero no la meta. Así lo entienden los extrabajadores de la firma abacalera que los retuvo trabajando en condiciones insalubres y sin derecho a la educación ni sanidad. Una tercera mujer toma la palabra: “Esperamos ese cumplimiento y que [el Estado] haga cumplir a sus ministerios”, encargados de ejecutar el resto de medidas de reparación que estableció la corte.

Para ellas, la sentencia no cambiado su vida. Las necesidades siguen ahí, así como las secuelas, visibles e invisibles, que dejó en sus vidas el trabajo forzado y que todos los días se materializa en una cadena de carencias: comida, vivienda, salud y educación. “No ha cambiado nada porque seguimos teniendo las mismas dificultades. No tenemos para comprar las listas de útiles para nuestros hijos, no tenemos para darles un desayuno escolar. La alimentación siempre falla”, lamenta una de ellas. Según dice, ni ella ni su esposo, también extrabajador de Furukawa, que ahora sobrevive con una cicatriz en su pierna y problemas de movilidad después de que una de las máquinas casi le cortara la pierna, han podido encontrar trabajo después de salir de la compañía.

Eso mismo le pasa a cientos de extrabajadores y sus familias. “Estamos luchando hasta que dios quiera y que Furukawa y el Estado se acuerden de nosotros y cumplan con lo que la Corte dictó”, lamenta otro de los agricultores que trabajó desde los 13 años en las plantaciones. Las reparaciones por parte de los ministerios se han quedado en el papel y siguen siendo una promesa incumplida para miles de familias.

No ha llegado el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda para garantizar su derecho a una casa, que les fue negada durante años porque todos vivían dentro de las propias plantaciones. Tampoco ha intervenido el Ministerio de Educación para escolarizar a sus hijos, ni el de Salud, para atender a cientos de trabajadores que ahora viven con las marcas del trabajo forzado: mutilaciones, llagas y otros problemas. Y el bono que debe crear el Ministerio de Inclusión Económica y Social para casos como el de Furukawa tampoco llega.

“Lo que va a empezar ahora es un seguimiento del cumplimiento de la sentencia”, apunta Alejandra Zambrano, de Cedh. Pero, según marcó la Corte, el pago de la primera reparación ya está retrasado, pues debía haberse hecho con fecha límite del 5 de marzo de este año. Un día antes de cumplirse el plazo, la empresa abacalera presentó un escrito en el que apuntaba a no tener “liquidez para pagar”. Furukawa tendrá que asumir en tierras o en reparación económica un monto que asciende a más de 42 millones de dólares. Pero, Guido Páez, gerente de Furukawa Plantaciones C.A del Ecuador, explica a América Futura que la deuda es “de imposible cumplimiento” y que la empresa no cuenta “ni de cerca” con el flujo de caja para asumirlo.

La firma está en trámites con la Corte Constitucional para buscar una alternativa a la deuda económica, obligatoria en un primer pago de 6,8 millones. Aunque asegura que la empresa está comprometida con el cumplimiento de la sentencia, se declaran insolventes. “Habría que salir a vender las sillas, las mesas, los machetes… Venderlo todo. Y, suponiendo que se vende al 100%, tenemos que buscar más. Habrá que buscarlo del aire, porque no es un monto racional. Nadie te va a dar un crédito para pagar el 215% del patrimonio de la empresa”, asegura. Según dice, el patrimonio de Furukawa es de 13 millones de dólares.

Páez asumió la dirección de la empresa en 2019, tras las primeras investigaciones de la Defensoría del Pueblo. Ahora tiene 95 empleados, “todos contratados y con todas las de la ley”, y menos ingresos, asegura. “La empresa dejó de exportar a Japón [principal comprador] desde que supieron de la sentencia. Desde diciembre, no hemos exportado internacionalmente y los precios locales son más bajos”, se lamenta. “La única manera de que podamos pagar [la indemnización] es garantizando la supervivencia de la empresa”. Y con ello, insiste, no tener que despedir al centenar de trabajadores. Preguntado por las prácticas de esclavitud respaldadas en el fallo, Páez dice que prefiere no pensar en el pasado: “No podemos mirar más por el retrovisor. Hay que mirar al frente”.

Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, aseguró que una sentencia “de esta naturaleza” no puede ser incumplida. “La Corte Constitucional tendrá que determinar qué hacer en su fase de seguimiento. Ninguna sentencia quedará en el aire”, zanjó en entrevista con América Futura. La ministra, quien desconocía hasta el momento de la conversación con este medio que Furukawa seguía operando, señaló a Gobiernos anteriores por “dar la espalda” a los empleados. “Fueron oídos sordos y ciegos ante una realidad lacerante. Esta es la primera reflexión. Vivieron en silencio y el silencio es igual a la complicidad”.

Para evitar nuevos casos de esclavitud moderna en Ecuador, Núñez habló del esfuerzo de su ministerio en inspeccionar “periódica y aleatoriamente” a las empresas del país. “Tiene que haber una interacción permanente entre los trabajadores, sus representantes, los empresarios, el Ministerio del Trabajo y el presidente de la República. Ahora hemos instaurado reuniones cada 60 días, de tal manera que los escuchamos cuando existen problemas”, explicó. “Tenga la plena seguridad de que no va a pasar otro Furukawa durante nuestro mandato”.

Pero las más de 340 víctimas de Furukawa no tienen certeza de eso. Las placas, las “disculpas públicas” y las palabras no recuperan toda una vida esclavizados. Termina el acto y todos se retiran sin saber cuándo podrán recibirán esa “reparación” que buscan mucho antes de la sentencia. “La justicia llegará el día que nos den las medidas de reparación. Ahí empezaría la justicia. A pesar de ser ecuatorianos, nos han negado nuestros derechos, porque aunque hay una sentencia a favor de nosotros, no se cumple”, zanja una de ellas.