Un pacto nacional en República Dominicana para salvar más de 3.000 vidas al año

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Dos estudiantes cruzan la calle después de bajar del bus escolar. De pronto, un motociclista que viaja a gran velocidad, en vía contraria, sin casco y sin placa, arrolla a una de ellas. La escena, difundida por la plataforma ciudadana @accidentes_rd, creada por el ingeniero civil Aníbal Germoso, evidencia algunas de las fallas estructurales en materia de seguridad vial en la República Dominicana. El caso, que ha generado indignación en el país, no es único: refleja un patrón alarmante de violaciones a las normas de tránsito, falta de fiscalización efectiva y una cultura de imprudencia normalizada que sólo en 2024 se cobró la vida de 3.114 personas, según datos del Observatorio Permanente de Seguridad Vial (Opsevi), lo que equivale a unas ocho muertes diarias. Con 27 fallecidos por cada 100.000 habitantes, es el segundo país de la región con más mortalidad vial, solo superado por el vecino Haití, (con 31 muertes por cada 100.000 habitantes), según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Accidente vial en República Dominicana

Frente a esta situación, plataformas como @Accidentes_RD, con más de 700.000 seguidores y alrededor de 24.000 publicaciones, y otras similares como @Malparqueao_rd y @tráficoexpreso, han surgido para denunciar infracciones y presionar por mayores controles. Según Germoso, su contenido ya es utilizado por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) para identificar y sancionar conductores. En un país con 11 millones de habitantes y más de 6 millones de vehículos registrados (el 57% motocicletas), el psicólogo Nelson Carvajal —quien ha sobrevivido a dos accidentes de tránsito— ha identificado “patrones alarmantes” en un estudio predictivo sobre la mortalidad en las carreteras dominicanas: “El parque vehicular crece seis veces más rápido que la población. Las motocicletas ya superan los 3,5 millones y las provincias con más vehículos coinciden con las de mayor mortalidad”, destaca.

El 42% de los muertos en accidentes de tráfico en 2024 fueron jóvenes de entre 15 y 29 años. El presidente Luis Abinader ha comparado la siniestralidad vial con una pandemia. Solo en 2023, le costó al Estado 130.000 millones de pesos (más de 2.200 millones de dólares), el 2,2% del Producto Interno Bruto. Para enfrentar este problema, y con el respaldo de la OPS, el mandatario ha declarado la seguridad vial como “asunto de alto interés nacional”, y ha inaugurado este año el Pacto Nacional por la Seguridad. El objetivo del programa, firmado por 121 entidades públicas, privadas y de la sociedad civil, es reducir en un 15% anual las muertes por accidentes, con la meta final de disminuirlas a la mitad para el año 2030. Para ello, se crearon comités regionales de supervisión y se prevé la publicación de informes semestrales de avance.

Más multas y más caras

Entre las medidas previstas, destaca el aumento del monto y endurecimiento del cobro de multas, ya que muchas no se recaudan adecuadamente y prescriben al año, lo que debilita su efecto disuasivo. Actualmente, la Digesett dispone de 3.456 agentes en todo el país. Durante 2024, emitió cerca de dos millones de infracciones por valor de entre 1.000 y 1.600 pesos dominicanos (entre 16,50 y 26,50 dólares), y en lo que va de año lleva alrededor de 700.000. Sin embargo, para el director de ese departamento, el general Pascual Cruz Méndez, son montos “insuficientes para disuadir conductas de alto riesgo”.

Su departamento también ha puesto en marcha nuevos radares digitales y ha aumentado operativos de fiscalización en las principales autopistas. “Se están fortaleciendo los controles en carreteras, especialmente los fines de semana, con énfasis en transporte de carga pesada”, asegura Cruz Méndez. Además, están equipando a sus agentes con tecnología, vehículos nuevos y ofreciéndoles formación en seguridad vial.

El segundo punto del Pacto Nacional por la Seguridad es la activación de un sistema de puntos en las licencias de conducir que la ley de tránsito contemplaba, pero nunca se había implementado; también se reactivó la prueba de alcoholímetro, y se firmaron convenios tecnológicos como el de la App de navegación Waze para mejorar la asistencia vial. “No se trata solo de educar, sino de aplicar un régimen de consecuencias”, enfatiza Milton Morrison, director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

Morrison adelantó a América Futura que próximamente lanzará la campaña Una moto, un casco para promover el uso obligatorio de cascos homologados y certificados. Los motociclistas representan el 68% de las víctimas mortales de los accidentes. De los 3,5 millones de motos registradas, apenas 10.827 conductores cuentan con licencia de conducir vigente.

La educación vial es otro de los pilares del plan. Desde enero de 2025, se debía haber incorporado de forma obligatoria en el pénsum escolar, pero su implementación aún está pendiente “a falta el diseño de unos videos para tal fin”, según el director del Intrant. Mientras, organizaciones civiles desarrollan campañas de sensibilización en comunidades vulnerables. “El desafío no es solo diseñar buenas políticas, sino ejecutarlas y sostenerlas en el tiempo”, asegura Aníbal Germoso.

Infraestructura y respuesta hospitalaria

La precariedad de la infraestructura vial es otro factor de alto riesgo: el 42% de las víctimas mortales se producen en autopistas, según un informe del Banco Mundial del año pasado. Seis carreteras concentran una cuarta parte de las muertes, y la Autopista Duarte, que conecta la capital con la provincia de Santiago de los Caballeros, es la de mayor mortalidad. Ante esta realidad, “el Estado ha fortalecido la red hospitalaria de provincias de nivel 2 y 3 con equipos para traumatología y ortopedia”, explica el doctor César Roque, director del Hospital Docente Universitario Darío Contreras. Además, se incorporaron 120 ambulancias nuevas al Sistema Nacional de Emergencias 911, gracias a la cooperación internacional, y se espera la entrega de otras 200 unidades contratadas por el Estado.

“El 40% de las emergencias diarias en el Darío Contreras provienen de accidentes de tránsito, y el 68% de los afectados son motoristas, muchos sin casco”, señala Roque, el director del mayor de los cuatro hospitales de traumatología del país. Según un estudio que se hizo allí en 2019, el 32% de los accidentados atendidos estaban bajo los efectos del alcohol o drogas.

Precisamente de viajar bajo los efectos del alcohol acusa la familia de Aida Nicole Reyes, de 21 años, que falleció el pasado 14 de febrero, a la conductora que impactó contra el vehículo que conducía la joven: Raquel Guzmán, esposa del exdiputado Ruddy Frías. La familia de la víctima ha denunciado múltiples irregularidades en el caso. Aunque la prueba de alcohol realizada —por insistencia del padre de la víctima— tres horas después del suceso arrojó un nivel de más de 0,9 mg/L espirado (0,65 mg/L más de lo permitido por la ley), esta no fue itida legalmente por discrepancias técnicas. Tampoco han podido acceder a las cámaras de seguridad de la zona ni a los videos del sistema de emergencias. A la fecha, no hay fiscal asignado al caso y, según la madrastra de la víctima, Virginia Pardilla, “los vehículos fueron retirados del lugar antes del levantamiento forense”.

Este tipo de denuncias son comunes en las familias de las víctimas de los accidentes de tráfico que se quejan de la impunidad en la que quedan esas muertes. Consultado por este caso, el vocero de la Digesett reconoció fallas en el procedimiento, y aseguró que están trabajando para fortalecer el Departamento de Investigación de Accidentes de la institución. De su parte, Milton Morrison indicó que el Intrant abrirá próximamente una unidad de atención a familiares de víctimas, donde se ofrecerá apoyo legal y psicológico.

¿Pueden estas medidas cambiar el rumbo?

Aunque urgentes, los cambios con el Pacto Nacional por la Seguridad no serán inmediatos. “La experiencia de países como Vietnam, donde el uso del casco pasó del 30% al 95% en cinco años, gracias a leyes estrictas, sanciones y campañas de educación, demuestra que se puede”, defiende el doctor César Roque.

Con un presupuesto de 150 millones de dólares —un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)—, aportes del presupuesto nacional, instituciones del sector público y privado, y de la cooperación internacional, el plan busca pasar del anuncio a la acción. Milton Morrison destaca que, para el diseño del plan se ha consultado a actores locales y regionales para identificar qué debe corregirse o implementarse para reducir la siniestralidad vial. “Por primera vez, contamos con un plan que involucra a entidades públicas, privadas y sociedad civil, con acciones y presupuestos claros que antes no existían”, explica.

De su parte, Anibal Germoso asegura que organizaciones como la suya se han convertido en veedoras “de todas las acciones que impulsa el Intrant”. La expectativa es que, esta vez, las reformas se implementen y se sostengan para que República Dominicana deje de ser un cementerio sobre ruedas.