Gustavo Petro frena la extradición a Estados Unidos de Gabriel Yepes Mejía, el comandante de Comuneros del Sur

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha decidido suspender la extradición a Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico de Gabriel Yepes Mejía, alias HH. Se trata del comandante de los Comuneros del Sur, el frente disidente de la guerrilla del ELN en el departamento de Nariño que negocia con el Gobierno. Esa mesa es una de las que más avances tiene para mostrar en el marco de la desgastada política de paz total, con la que el mandatario se proponía dialogar en simultáneo con todos los grupos armados. Los Comuneros incluso han entregado centenares de artefactos explosivos para ser destruidos y firmado acuerdos para sustituir 5.000 hectáreas de cultivos ilícitos.

Aunque concede la solicitud de extradición hecha por Estados Unidos, el Ejecutivo colombiano resuelve “suspender la entrega” de Yepes “mientras contribuya con aportes verificables y resultados concretos en el proceso de consecución de la paz total (…) como negociador de la mesa de diálogos de paz con el Gobierno Nacional y desarrolle acciones orientadas al logro de dicho objetivo”, de acuerdo con la resolución ejecutiva adelantada este viernes por Blu Radio. En caso de que “se interrumpa su participación o cesen sus aportes”, advierte el texto, se “procederá a hacer efectiva la entrega”. El documento lleva la firma del presidente Petro y del ministro de Justicia encargado y secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo. Ángela María Buitrago presentó la semana pasada su renuncia irrevocable, motivada por “intentos de injerencia” en su gestión.

El presidente Petro suspendió a comienzos de año los diálogos de paz con el autodenominado Ejército de Liberación Nacional (ELN) después de su feroz arremetida en la región del Catatumbo. En medio de esa dilatada negociación, el Gobierno mantuvo diálogos paralelos con los Comuneros del Sur, un antiguo frente que optó por desprenderse de la última guerrilla en armas. El anuncio formal de esa escisión, hace un año, provocó los insistentes reclamos de la delegación del ELN. Ya desprendidos de la cúpula guerrillera, la mesa de diálogos con los Comuneros del Sur siguió en marcha, con un equipo negociador encabezado por Carlos Augusto Erazo.

“Indudablemente un Yepes Mejía extraditado pues mata el proceso”, concedía el propio Erazo al periódico El Espectador en una entrevista reciente. “La Ley 2272 (o Ley de Paz Total) dice claramente que en los procesos avanzados, donde hay una realidad concreta donde se materialicen los avances, la orden de captura, incluso con pedidos de extradición, quedarían suspendidas”, defendía entonces el negociador del Gobierno Petro. Su visión parece haber ganado el pulso al interior del Ejecutivo, que asume el riesgo de irritar a la istración de Donald Trump en Estados Unidos, con la que ya ha tenido desencuentros.

El caso de Yepes no es el único traspiés en los diálogos de la paz total relacionado con pedidos de extradición. En febrero, la Fiscalía capturó por sorpresa en un hotel de Bogotá a Giovanni Andrés Rojas, Araña, el máximo comandante de los Comandos de la Frontera y miembro de la delegación de ese grupo sentada en otra de las mesas. Lo hizo al terminar una la rueda de prensa al cierre de un accidentado ciclo de negociación. Araña también es requerido por una corte del Distrito Sur de California (Estados Unidos) por cargos relacionados con narcotráfico, y espera una definición de su caso.

El miedo de no tener garantías jurídicas dificulta e inclusive puede socavar todas las mesas que siguen vigentes. “Las órdenes de extradición pueden cesar si los procesos de paz demuestran avances de importancia”, ha recordado el propio presidente Petro. Aunque el presidente se guarde esa carta, Colombia ya se ha asomado al abismo de chocar de frente con la Casa Blanca de Trump y su garrote arancelario, con consecuencias económicas potencialmente devastadoras.